La actual secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad en la administración departamental, Noralba Zapata es administradora financiera de la Universidad del Quindío, fue designada, de la mano del dirigente departamental, Elías Larrahondo Carabalí, como alcaldesa encargada del Municipio de Padilla, Norte del Cauca, en reemplazo de Cristóbal Morales Mazo, quien presentó renuncia el pasado siete de julio.
La renuncia de Morales, quien había representado a Colombia Justa Libres, partido que agrupa políticamente a la mayoría de denominaciones religiosas evangélicas del país, fue elegido alcalde de Padilla para el período 2020-2023, con una votación de 2.200 votos, y por consiguiente el pasado 8 de febrero Morales Mazo, fue capturado por presunto concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
La administradora financiera Zapata, ya había ocupado el cargo de alcaldesa para el periodo de 2008-2011, y en su trayecto como funcionaria, se desempeñó como directora ejecutiva de la Asociación de Municipios de Norte del Cauca, Amunorca, y anteriormente, como administradora del Hospital de Padilla.
Este tipo de situaciones se han venido presentando en otras administraciones, y es de ver que las acciones cometidas, crean barreras para generar dudas a futuros gobiernos, y se estropean las garantías para crear confianza en un gobierno con calidad.
Al ser un nombramiento por decreto, el partido Colombia Justa Libres, debió de escoger una terna para que el mandatario departamental haga su elección, y que siendo del mismo partido político pierda la credibilidad por los antecedentes que deja el alcalde que renuncio, en este caso el señor Cristóbal Morales Mazo.
Esta problemática, no es solamente en el Cauca, sino a nivel nacional, donde los mandatarios tienen que renunciar por acciones de corrupción, afectando a la comunidad en futuras elecciones, y ponen en tela de juicio la ética de los funcionarios públicos.
La ciudadanía espera que bajo la “Ley 2195 de 2022” por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, siga siendo efectiva para minimizar la corrupción por los mandatarios municipales.
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