La reciente reforma laboral sancionada por el presidente Gustavo Petro ha encendido las alarmas entre los micro, pequeños y medianos empresarios del país, quienes manifiestan una profunda incertidumbre financiera frente a los nuevos costos laborales que impone la norma.
La nueva ley, que entró en vigor esta semana, establece un aumento del 5 % en el pago de jornadas dominicales y festivas, con una proyección de incremento del 10 % en el próximo año.
Rodolfo Correa, presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), expresó su preocupación por el impacto que esta medida tendrá sobre el tejido empresarial más vulnerable del país.
“La verdad es que la situación en la que queda el dueño de la panadería y sus trabajadores es la misma en la que queda la inmensa mayoría de los micro, pequeños y medianos empresarios de Colombia: en una gran incertidumbre financiera porque no se sabe cuál va a ser el impacto definitivo que esta reforma va a tener en la sostenibilidad de las empresas”, afirmó Correa.
El Gobierno, por su parte, defiende la reforma asegurando que esta impulsará la formalización del empleo y mejorará las condiciones laborales. Sin embargo, el presidente de ACOPI asegura que ocurrirá lo contrario.
“Una ley como esta, en vez de facilitar que más personas tengan contratos con garantías, lo que hace es que las empresas contraten menos. Les toca a las personas buscar cómo sobrevivir en la informalidad. Esta reforma no genera más empleo formal, ni impulsa la creación de empresas”, sentenció.
Correa también cuestionó lo que calificó como un manejo unilateral del Gobierno, al imponer cargas sin evaluar la capacidad real de cumplimiento de las pequeñas unidades productivas.
“El verdadero reto es resistir estas imposiciones. El Estado sigue colocando obstáculos que en vez de fomentar el crecimiento empresarial, lo frenan”, concluyó.
En medio del panorama económico complejo, con un crecimiento moderado y un desempleo persistente, las mipymes —que representan más del 90 % del tejido empresarial del país— enfrentan un desafío crucial: adaptarse o verse forzadas a reducir operaciones, afectar su nómina o incluso cerrar.
