El ambiente político en el Concejo de Neiva se encuentra nuevamente en el centro de la controversia, esta vez por cuenta de un pronunciamiento técnico con evidente trasfondo político. El asesor jurídico de la corporación, Nicolás Gutiérrez, salió al paso a las críticas de varios concejales sobre la legalidad del trámite de un proyecto que ha causado división y dudas respecto a su conveniencia.
Intervención
En su intervención, Gutiérrez afirmó que “no existe vicio de trámite alguno”, pues el reglamento interno permite que durante el debate en plenaria se puedan incorporar modificaciones y documentación de soporte. Según explicó, los papeles radicados el pasado 9 de septiembre corresponden a certificaciones actualizadas del monto y viabilidad financiera, que no alteran el objeto del proyecto, y por ende no obligan a reiniciar el proceso legislativo.
Con esta interpretación, el asesor jurídico se alineó con la postura del presidente del Concejo, quien insiste en avanzar sin dilaciones. Sin embargo, la polémica surge porque varios cabildantes consideran que la radicación tardía de documentos afecta la transparencia y limita la posibilidad de un estudio serio. Para ellos, el debate se convierte en un trámite apresurado, donde las decisiones se toman más por conveniencia política que por rigurosidad técnica.
Debate
La discusión se calienta aún más porque algunos concejales sugieren que la administración de Germán Casagua estaría utilizando la “flexibilidad reglamentaria” para presionar la aprobación de proyectos sin dar tiempo a una verdadera deliberación. En este escenario, voces críticas han señalado que la corporación parece más dispuesta a obedecer directrices de la Alcaldía que a ejercer un verdadero control político.
Aunque Gutiérrez aclaró que “es válida la sugerencia de aplazar por unos días el debate si se busca mayor análisis”, la mesa directiva ha preferido mantener el calendario inicial. Esa decisión alimenta la percepción de que existe un afán poco justificado por sacar adelante el proyecto, incluso a costa de la incomodidad de algunos concejales y del cuestionamiento ciudadano.
La polémica deja en evidencia una fractura interna en el Concejo: por un lado, quienes defienden la legalidad y la continuidad del proceso; y por otro, los que exigen mayor rigor, transparencia y tiempo de análisis. Lo cierto es que, más allá de lo estrictamente jurídico, el debate refleja la tensión política que vive Neiva, donde la confianza en las instituciones parece desvanecerse cada vez que se privilegia la rapidez sobre la discusión responsable.
