La inminente sanción presidencial de una nueva ley que limita la publicación de encuestas de intención de voto ha desatado una tormenta política y mediática en Colombia. El proyecto, aprobado en los últimos días de la legislatura y a la espera de la firma del presidente Gustavo Petro, establece que ninguna medición sobre preferencias electorales podrá hacerse pública antes del 31 de octubre de 2025, justo tres meses antes del inicio formal de la inscripción de candidaturas para las elecciones presidenciales de 2026.

La norma ha sido calificada como una “ley mordaza” por diversos sectores, pues restringe el acceso a información clave para el análisis y el debate público en un periodo crucial para la democracia. Firmas encuestadoras y analistas políticos han manifestado su preocupación, señalando que la medida se tramitó sin consulta previa a los actores del sector, lo que deja en entredicho la legitimidad del proceso legislativo.

¿Censura?

Entre los cambios más significativos, la ley impide la divulgación de encuestas de intención de voto durante más de un año, aunque permite la realización de estudios sobre conocimiento, favorabilidad y reconocimiento de posibles candidatos. Sin embargo, cualquier medición nacional deberá incluir obligatoriamente a los municipios con más de 800.000 habitantes, según las proyecciones del DANE, lo que implica un ajuste metodológico para las firmas encuestadoras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá un papel central como ente auditor, con la facultad de exigir la entrega de bases de datos y procedimientos de recolección, aunque los datos personales deberán permanecer anónimos. Para garantizar la transparencia, se creará una Comisión Técnica integrada por expertos en estadística de universidades reconocidas. No obstante, críticos advierten que la norma no contempla mecanismos claros de apelación frente a sanciones, lo que podría abrir la puerta a decisiones discrecionales.

Trámite exprés

La iniciativa fue impulsada como un “acuerdo nacional” con respaldo de congresistas de diferentes partidos, pero sorprendió a la opinión pública y a los medios de comunicación por la rapidez de su trámite. Voces como César Caballero, de Cifras y Conceptos, y Martín Orozco, de Invamer, han expresado su rechazo y estudian posibles acciones legales para revertir la medida, argumentando que la restricción no tiene precedentes en la regulación internacional de encuestas electorales.

En el fondo, la controversia refleja el delicado equilibrio entre la necesidad de regular la influencia de las encuestas en el comportamiento electoral y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Mientras el Gobierno defiende la ley como una herramienta para fortalecer la transparencia y la equidad, sus detractores insisten en que limitar la información pública puede debilitar la democracia y favorecer la opacidad en la competencia política.