La Procuraduría General de la Nación abrió proceso disciplinario contra José Fernando Cardona Uribe, expresidente ejecutivo de la Nueva EPS, por presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos. Según el organismo de control, en 2020 Cardona habría autorizado la ejecución de un plan de ahorro voluntario denominado “Plan Semilla”, con un valor superior a los $1.000 millones. Nueva EPS: José Fernando Cardona enfrentará juicio disciplinario por desvió de recursos.
El problema es que ese dinero correspondía a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), recursos destinados exclusivamente a financiar servicios de salud para los afiliados. La Procuraduría aseguró que el exdirectivo habría clasificado el gasto como administrativo, lo que significaría una vulneración directa a la normatividad.
Principio de moralidad en juego
Para la Procuraduría, la decisión de Cardona pudo quebrantar el principio de moralidad que rige la función pública, por lo que de manera preliminar calificó su conducta como falta disciplinaria gravísima cometida con culpa gravísima.
El ente de control recalcó que la creación del plan financiero no solo habría desviado recursos esenciales para la atención en salud, sino que además abrió la puerta a la manipulación de estados contables, una práctica que podría afectar la estabilidad del sistema.
Te puede interesar: Westcol termina con el hombro dislocado tras perder con Mario Bautista: tendrá que ser operado
Antecedentes judiciales
Este proceso disciplinario se suma a las investigaciones penales que ya adelanta la Fiscalía General de la Nación contra Cardona y otros exdirectivos de la Nueva EPS. En abril, la entidad lo imputó por los presuntos delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento privado y omisión de control.
Según el ente investigador, entre 2019 y 2023 se habrían ocultado más de 14 millones de facturas de las IPS, lo que representaría una deuda cercana a los $70.500 millones. Además, la Fiscalía aseguró que los estados financieros fueron alterados para evitar la intervención de la Supersalud, que finalmente se concretó en 2024.
