El choque entre el Gobierno de Gustavo Petro y la Corte Constitucional volvió a intensificarse luego de un nuevo requerimiento del magistrado Jorge Enrique Ibáñez sobre el trámite de la reforma pensional. La controversia gira en torno a las actas de las sesiones extraordinarias de la Cámara de Representantes del 27 y 28 de junio de 2025, fechas en las que se adelantó la subsanación ordenada por el alto tribunal frente a presuntos vicios en el proceso legislativo.
Ibáñez solicitó a la Presidencia de la Cámara un informe detallado que precise si dichas actas fueron aprobadas formalmente, la fecha de esa decisión, el número de votos exigidos y los votos obtenidos, así como el estado actual de cada documento. También pidió copias de los órdenes del día en los que se incluyó la aprobación de las actas como punto de discusión, al considerar que estos elementos son determinantes para establecer la validez del trámite.
Las actas se han convertido en el eje central del debate jurídico, pues la Corte ha advertido que sin ellas no será posible tomar una decisión de fondo sobre la constitucionalidad del proyecto, considerado uno de los más relevantes para el Gobierno.
La representante Katherine Miranda cuestionó que en el Acta 256 solo se registraran 77 congresistas, número insuficiente para conformar quórum decisorio, mientras que en el Acta 257 varios legisladores habrían dejado constancia de que no pudieron participar en la votación, lo que pondría en duda su validez.
Aunque recientemente el presidente de la Cámara, Julián López, envió copias de las actas al tribunal, el nuevo requerimiento abrió un frente de tensión con el Ejecutivo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió señalando que las exigencias del magistrado prolongan innecesariamente la definición sobre la reforma y afectan la posibilidad de implementar el nuevo sistema pensional.
El episodio refleja la creciente fricción entre el Gobierno y la Corte Constitucional en torno a un proyecto que aún no logra superar los cuestionamientos por su trámite legislativo y que permanece a la espera de que se resuelvan los vicios señalados.