El centro de Cali vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, la calle 14, una de las más transitadas y saturadas del casco urbano, se convirtió en el nuevo foco de una disputa entre comerciantes informales y la administración distrital, debido a presiones para desalojar el espacio sin garantías ni planes de reubicación definidos.
Según denuncias de los vendedores, el pasado lunes 7 de julio funcionarios de la Alcaldía realizaron una visita en la que comunicaron la orden de desocupar la zona antes del 31 de este mes. Sin embargo, los comerciantes aseguran que no se les dijo a dónde serían trasladados, ni qué derechos los amparan durante el proceso.
“Nos dijeron que teníamos que irnos, pero no dijeron para dónde ni en qué condiciones. No nos hablaron de los derechos que tenemos según la Corte Constitucional”, expresó indignado uno de los vendedores afectados, quien lleva más de una década trabajando en la zona.
La falta de información concreta y la manera en que fue comunicada la decisión han encendido las alarmas entre quienes dependen de ese espacio público para su sustento diario. Muchos temen que se repitan desalojos forzados, similares a los que ha vivido la ciudad en años anteriores bajo operativos conocidos como “el lobo”.
La calle 14 es un eje vital del centro de Cali, donde confluyen necesidades sociales, comercio informal, congestión vehicular y decisiones de ordenamiento territorial. Cientos de familias dependen económicamente de la venta ambulante en esta zona, lo que convierte cualquier intervención en un tema de alto impacto social.
Desde la administración distrital se ha argumentado que la medida busca recuperar la movilidad, la seguridad y el orden en el centro, especialmente en corredores críticos como este, donde en horas pico es prácticamente imposible el paso de vehículos de emergencia.
No obstante, los comerciantes insisten en que las decisiones no pueden tomarse de forma unilateral. Reiteran que no se oponen a un proceso de organización, pero exigen que sea realizado con diálogo, acompañamiento institucional y respeto a sus derechos fundamentales.
“Estamos abiertos al diálogo, pero no a los atropellos. No se trata solo de quitarnos de la calle, sino de saber cómo vamos a alimentar a nuestras familias mañana”, comentó otra vendedora informal que trabaja en la zona desde hace 15 años.
Algunos comerciantes incluso expresaron temor de que estas acciones hagan parte de una estrategia de “limpieza social” encubierta, donde se privilegia el aspecto estético del centro sobre las necesidades de quienes sobreviven gracias a la economía informal.
En medio del malestar, líderes del comercio informal han solicitado la intervención de la Personería de Cali y organizaciones defensoras de derechos humanos, para que vigilen el proceso y eviten violaciones a la jurisprudencia constitucional sobre uso del espacio público.
Hasta el momento, la Alcaldía no ha emitido un pronunciamiento oficial con detalles sobre el proceso de reubicación ni ha aclarado cuáles serían las alternativas propuestas para los comerciantes afectados.
El caso de la calle 14 reabre un debate profundo sobre cómo conciliar el orden urbano con los derechos económicos de las poblaciones más vulnerables, en una ciudad donde el espacio público sigue siendo escenario de conflictos no resueltos.
