NUEVA DISPUTA ARMADA

NUEVA DISPUTA ARMADA
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El Huila enfrenta una nueva etapa de presión armada, marcada por la presencia simultánea de diferentes estructuras ilegales que buscan ampliar o conservar espacios estratégicos para sus actividades. Así lo advierte un reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación, que ubica al departamento entre los territorios donde el conflicto ha adquirido nuevas dinámicas.

El documento señala que, tras la fragmentación del Estado Mayor Central en 2024, el mapa de actores armados cambió considerablemente. La facción asociada a Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’ mantiene presencia en municipios como Algeciras, La Plata, Aipe, Tesalia, Nátaga, Isnos, San Agustín, Pital y Pitalito, principalmente mediante los frentes ‘Hernando González’ e ‘Ismael Ruiz’.

A este escenario se suma la facción encabezada por alias ‘Calarcá’, identificada en el informe como Estado Mayor de los Bloques y Frentes. Su área de influencia comprende sectores de Algeciras, Gigante, Palestina, Garzón, Suaza, Agrado, Aipe, Baraya, Tello, Isnos, Pitalito y San Agustín, donde actuarían diferentes frentes armados.

El panorama se complica con el retorno de estructuras relacionadas con la Segunda Marquetalia y la antigua Columna Teófilo Forero. Rivera, Algeciras, Campoalegre, Suaza, Palestina y Acevedo aparecen entre los municipios señalados por el informe como escenarios de esta nueva presencia.

Uno de los casos que genera mayor preocupación se presenta en Algeciras y Campoalegre, donde coincidirían tres actores armados. La Defensoría del Pueblo ha advertido riesgos asociados con homicidios selectivos, desplazamiento, reclutamiento de menores y extorsiones. El informe también menciona a alias ‘Vladimir’, señalado como presunto cabecilla financiero de la Segunda Marquetalia en la región y capturado en Neiva durante marzo de 2026.

La disputa ya no estaría concentrada únicamente en enfrentamientos armados. Las estructuras buscan además imponer normas, controlar economías locales y ejercer mecanismos de regulación sobre las comunidades, configurando un escenario de gobernanza criminal que mantiene en alerta al departamento.


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