Verónica Alcocer: sanciones de EE. UU. y denuncias bajo escrutinio

El nombre de Verónica Alcocer, esposa del expresidente Gustavo Petro y ex primera dama de Colombia, vuelve al centro de la controversia tras la confirmación de su permanencia en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. A este escenario se suman denuncias sobre presuntos movimientos de dinero entre Colombia y Venezuela, así como declaraciones de exfuncionarias sobre posibles irregularidades en el entorno de la Casa de Nariño.

Según la información divulgada por las autoridades estadounidenses, las sanciones están relacionadas con presuntos apoyos financieros, materiales o tecnológicos a Gustavo Petro. El Departamento del Tesoro también cuestionó la política de Paz Total del Gobierno colombiano, al considerar que habría favorecido a organizaciones narcoterroristas y contribuido al aumento de los cultivos de coca.

En paralelo, nuevas declaraciones de Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, reavivaron las controversias sobre supuestos desplazamientos a Venezuela y movimientos de dinero que involucrarían a Alcocer. Sin embargo, las acusaciones deben distinguirse de los hechos judicialmente establecidos y requieren verificación independiente.

Las denuncias de Eva Ferrer

Ferrer aseguró que Verónica Alcocer habría viajado a Venezuela en enero de 2023 a bordo de una aeronave oficial y que habría regresado con 2,5 millones de dólares. La exfuncionaria también señaló posibles vínculos de personas cercanas a la ex primera dama con actividades relacionadas con drogas y armas.

De acuerdo con su versión, decidió hacer públicas las acusaciones por preocupación por su seguridad. Asimismo, pidió esclarecer las circunstancias del supuesto desplazamiento, determinar quiénes habrían conocido la operación y establecer si existieron autorizaciones oficiales.

Las declaraciones dieron lugar a solicitudes de verificación institucional. No obstante, los señalamientos expuestos por Ferrer no constituyen, por sí mismos, prueba de la ocurrencia de los hechos ni de la responsabilidad de las personas mencionadas. Su alcance deberá establecerse mediante evidencias y actuaciones de las autoridades competentes.

Angie Rodríguez habla de una presunta red de mujeres

A las denuncias sobre los supuestos movimientos de dinero se sumaron las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien afirmó que dentro de la Casa de Nariño habría operado una red de mujeres con capacidad de influir en decisiones administrativas.

Según Rodríguez, algunas personas de ese entorno le habrían solicitado intervenir en asuntos relacionados con contratos y nombramientos, ante lo cual aseguró haberse opuesto a actuaciones que consideraba irregulares.

La exdirectora también sostuvo que la capacidad de influencia no se habría limitado a Verónica Alcocer, sino que habría involucrado a otras mujeres, incluso desde cargos auxiliares. Sus afirmaciones abren interrogantes sobre los mecanismos de decisión dentro de la Presidencia y la eventual intervención de personas sin responsabilidades formales en determinados procesos administrativos.

Por ahora, estas declaraciones deben entenderse como señalamientos atribuidos a Rodríguez y no como una confirmación de la existencia de una estructura irregular.

Laura Sarabia niega conocer los supuestos ingresos de dinero

Por su parte, Laura Sarabia, exdirectora del Dapre, se distanció de las acusaciones relacionadas con el supuesto ingreso de bolsas con dinero a la Casa de Nariño, hecho que Eva Ferrer atribuyó a Verónica Alcocer.

Sarabia aseguró que no presenció esos episodios ni recibió información sobre ellos. También pidió que las denuncias sean presentadas y sustentadas ante las autoridades correspondientes.

En relación con los viajes de Alcocer a Venezuela, afirmó que únicamente tuvo conocimiento de uno realizado en enero, que describió como público, sin asegurar que los hechos denunciados por Ferrer hubieran ocurrido o que fueran imposibles.

“No vi, nunca me contaron, nunca me dijeron. De ahí a si pasó o no, me queda muy difícil afirmar tajantemente que no pasó. Yo hablo de lo que es de mi conocimiento y de mi competencia”, señaló Sarabia.

Sus declaraciones delimitan el alcance de lo que dice conocer sobre los hechos y subrayan la necesidad de establecer, a partir de información verificable, qué ocurrió durante los desplazamientos mencionados y si existieron movimientos de dinero como los denunciados.

Las preguntas que siguen abiertas

Las sanciones estadounidenses, las acusaciones de Eva Ferrer y las declaraciones de Angie Rodríguez configuran distintos frentes de controversia alrededor del entorno presidencial. Sin embargo, se trata de asuntos que deben analizarse por separado: las medidas adoptadas por autoridades extranjeras, las denuncias sobre presuntas operaciones entre Colombia y Venezuela y los señalamientos sobre posibles interferencias en decisiones administrativas.

El esclarecimiento de estos hechos depende de la verificación documental de los viajes, la trazabilidad de los recursos mencionados y la eventual existencia de actuaciones oficiales que permitan corroborar o descartar las acusaciones.

Mientras tanto, las declaraciones de las exfuncionarias mantienen el tema bajo escrutinio público. La determinación de posibles responsabilidades, si las hubiera, corresponde a las autoridades competentes, con base en pruebas y garantías de debido proceso.