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Veeduría pidió que Gobernación administre recursos para el agua

La decisión responde a solicitudes de la ciudadanía y sectores de la población, que pidieron evitar el traslado de los recursos a la Alcaldía de Ipiales

Por Diego Alberto Maigual MaigualRedacción EXTRA
⏱ 4 min de lectura
Veeduría pidió que Gobernación administre recursos para el agua
Imagen de portada · Grupo Editorial Central
La crisis del agua potable en Ipiales continúa generando cuestionamientos sobre la gestión de los recursos públicos y la capacidad institucional para responder a esta problemática. En medio de este panorama, la Gobernación de Nariño anunció que ejecutará directamente una inversión de $3.477 millones para optimizar la planta de tratamiento de agua potable.
La medida fue adoptada tras los compromisos adquiridos con la ciudadanía y la veeduría, cuyos integrantes solicitaron que el dinero no fuera transferido a la Administración municipal, sino que el departamento se encargara de realizar las compras necesarias.
Control
El secretario de Planeación departamental, Edgar Armando Rosero García, explicó que los recursos serán administrados directamente por la Gobernación y no ingresarán a las arcas de la Alcaldía de Ipiales.
Durante una entrevista con el espacio periodístico Nueve AM Doble W Ipiales, de Caracol Radio, el funcionario respondió a los cuestionamientos del alcalde Amílcar Pantoja sobre los giros departamentales para atender la emergencia. «No ha llegado y no llegará a las arcas de la Alcaldía», manifestó Rosero García, al precisar que el departamento asumirá la adquisición de los suministros requeridos para intervenir la bocatoma, los desarenadores y la planta de tratamiento existente.
Por su parte, EMPOOBANDO aportará la mano de obra y el personal técnico necesario para instalar los elementos adquiridos. Con este mecanismo, las autoridades buscan garantizar que la inversión se destine a las intervenciones previstas.
Vigilancia
La veeduría ciudadana tendrá un papel importante en el seguimiento de las compras y la instalación de los suministros. La Gobernación anunció que realizará verificaciones periódicas para comprobar el cumplimiento de los compromisos y el avance de las actividades.
El plazo establecido para completar la entrega de los elementos y avanzar en su instalación vence el 31 de diciembre de 2026. La ciudadanía espera que este proceso se traduzca en mejoras concretas en el sistema de abastecimiento.
Entre tanto, el secretario de Planeación reconoció que el proyecto enfrentó demoras administrativas relacionadas con la declaratoria de emergencia por la crisis del agua y los efectos del fenómeno de El Niño. También fueron necesarios ajustes presupuestales y un diagnóstico técnico para determinar las necesidades de la infraestructura.
En paralelo, la Gobernación informó sobre avances en el proceso licitatorio para los estudios, diseños y construcción de una nueva bocatoma, cuya ejecución se estima en aproximadamente ocho meses. Respecto a la planta de tratamiento del sector de San Carlos, continúan las dificultades relacionadas con la reformulación del proyecto, su financiación y las deficiencias técnicas del sistema de alcantarillado requerido para evacuar las aguas residuales del tratamiento.
Confianza
La decisión de administrar directamente los $3.477 millones pone de manifiesto la importancia del control ciudadano sobre los recursos públicos, especialmente cuando se trata de garantizar el acceso al agua potable.
Sin embargo, la medida también deja interrogantes sobre la confianza que algunos sectores de la población depositan en la Administración municipal y sobre las razones que motivaron la solicitud de manejo directo por parte del departamento.
Más allá de las diferencias entre las autoridades, el resultado deberá evaluarse a partir de hechos verificables: suministros adquiridos, instalaciones realizadas y mejoras en la calidad y continuidad del servicio. La ciudadanía espera que los compromisos se cumplan dentro de los plazos establecidos y que la inversión contribuya a superar una crisis que afecta una necesidad esencial de la población.
En medio de este escenario, queda abierta una pregunta: ¿la decisión responde exclusivamente a las solicitudes de vigilancia ciudadana o también refleja diferencias en la confianza institucional frente al manejo de los recursos? La respuesta deberá conocerse a través de la transparencia del proceso, el seguimiento de la veeduría y los resultados de las intervenciones previstas para mejorar el suministro de agua potable en Ipiales.

Armando Rosero, secretario departamental de Planeación

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