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Tribunal Superior de Ibagué ratificó condena de 30 meses de prisión contra Andrés Hurtado

El Tribunal Superior de Ibagué confirmó la condena de 30 meses de prisión contra Andrés Hurtado y Alejandro Ortiz por peculado por uso del estadio Murillo Toro

Por Ximena Frayle MachadoRedacción EXTRA
⏱ 2 min de lectura
Tribunal Superior de Ibagué ratificó condena de 30 meses de prisión contra Andrés Hurtado
Imagen de portada · Grupo Editorial Central
La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué confirmó en segunda instancia la sentencia condenatoria de 30 meses de prisión en contra del exalcalde de la capital tolimense Andrés Fabián Hurtado y de Alejandro Ortiz, tras hallarlos penalmente responsables del delito de peculado por uso. La determinación judicial ratifica el fallo proferido inicialmente por un juzgado penal del circuito, relacionado con el uso irregular de las instalaciones del estadio Manuel Murillo Toro.

Alcance de la decisión en segunda instancia

De acuerdo con el pronunciamiento de los magistrados de la corporación judicial, el análisis integral del expediente permitió establecer que se configuró una utilización indebida de un bien público destinado al deporte y la recreación de los ciudadanos. El tribunal respaldó los argumentos expuestos por la Fiscalía General de la Nación y desestimó los recursos de apelación interpuestos por la defensa de los procesados, dejando en firme la responsabilidad penal en este caso.
Los hechos materia de investigación y juzgamiento giraron en torno a la autorización y realización de actividades de carácter particular al interior del máximo escenario deportivo de los ibaguereños sin el cumplimiento de los requisitos legales ni las contraprestaciones establecidas para el aprovechamiento de bienes del Estado. Para la justicia, esta conducta vulneró los principios de transparencia y correcta administración de los recursos públicos.

Repercusiones jurídicas y políticas en Ibagué

Además de la pena privativa de la libertad fijada en 30 meses de prisión, la decisión judicial mantiene vigentes las sanciones accesorias contempladas en la ley penal colombiana, entre ellas la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y la multa económica impuesta en el fallo de primera instancia, así como las condiciones definidas frente a eventuales subrogados penales.
Con esta determinación de segunda instancia, el proceso entra en una etapa decisiva en el ámbito judicial del Tolima, quedando únicamente la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia dentro de los términos legales. La ratificación de la condena marca un precedente relevante sobre la custodia y el uso adecuado de los escenarios públicos en la ciudad de Ibagué.

Fuente: extra toima

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