Tribunal ordena a Invías intervenir el puente Helicoidal de Calarcá por accidentes

El Tribunal Administrativo del Quindío ordenó al Instituto Nacional de Vías (Invías) adoptar medidas para reducir la accidentalidad en el puente Helicoidal El Molinillo, ubicado en Calarcá, Quindío, luego de establecer que existen condiciones de riesgo para quienes transitan por este corredor. La decisión responde a una acción popular que documentó 60 siniestros viales en aproximadamente dos kilómetros entre febrero de 2022 y junio de 2025.

La determinación quedó consignada en la Sentencia 191 del 29 de octubre de 2026, emitida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal. En ella, la corporación declaró vulnerado el derecho colectivo a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles técnicamente, por las condiciones identificadas en este tramo de la ruta nacional 4003.

Las medidas que deberá cumplir Invías

Entre las principales órdenes, el Tribunal estableció que Invías deberá realizar un estudio técnico integral de seguridad vial en un plazo de seis meses, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia. El análisis tendrá que evaluar factores como la siniestralidad, la geometría de la carretera, las pendientes, los sistemas de contención, la señalización, la iluminación y la velocidad de circulación.

Una vez recibido el estudio, la entidad dispondrá de dos meses para formular un Plan Integral de Intervención para la Reducción del Riesgo Vial. Este documento deberá establecer las acciones prioritarias, los responsables de ejecutarlas, el cronograma de trabajo y los mecanismos de financiación. Las intervenciones contempladas tendrán un plazo de hasta doce meses para su ejecución, conforme a los términos del fallo.

Adicionalmente, la autoridad judicial ordenó revisar y reforzar las medidas preventivas existentes durante el primer mes posterior a la ejecutoria de la decisión. Entre los aspectos señalados se encuentran el control de velocidad, las bandas alertadoras, las barreras de contención, la iluminación, la señalización y el mantenimiento de la superficie de rodadura.

Una demanda sustentada en 60 accidentes

La acción popular fue promovida por Juan Esteban Santiago Caro, estudiante de sexto semestre de Derecho de la Universidad Alexander von Humboldt, como parte de un proyecto académico de litigio estratégico. El proceso buscaba que se examinaran las condiciones de seguridad de la infraestructura y las medidas adoptadas para prevenir nuevos accidentes.

Durante el trámite judicial también se incorporaron informes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en los que se identificaron diferentes factores de riesgo en el corredor. Con las pruebas aportadas, el Tribunal concluyó que eran necesarias actuaciones adicionales para proteger a los usuarios de la vía y declaró no probadas las excepciones de mérito presentadas por Invías.

La providencia también dispuso la conformación de un comité de verificación integrado por el magistrado ponente, el demandante, un delegado de Invías y un representante del Ministerio Público. Este organismo tendrá la responsabilidad de hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas ordenadas.

El fallo constituye una decisión de primera instancia, por lo que todavía puede ser objeto de apelación. De acuerdo con la información conocida sobre el proceso, si Invías presenta ese recurso, corresponderá al Consejo de Estado adoptar la decisión definitiva.

La determinación judicial busca que las intervenciones no se limiten a medidas preventivas aisladas, sino que respondan a una evaluación técnica de las condiciones del corredor y permitan establecer soluciones para disminuir los riesgos de accidentalidad en uno de los tramos viales de acceso a La Línea.