SuperTransporte revoca obligación de instalar códigos QR en vehículos de transporte

La Superintendencia de Transporte de Colombia anunció la revocatoria de la medida que obligaba a las empresas de transporte público a instalar códigos QR en sus vehículos, terminales y diferentes espacios de atención al usuario. La decisión representa un cambio para las compañías transportadoras que debían prepararse para cumplir con esta disposición antes de finalizar 2026.

La obligación había sido establecida mediante la Resolución 009788 del 3 de agosto de 2026. Su propósito era facilitar que los pasajeros pudieran presentar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones (PQRSDF) directamente ante la entidad, utilizando sus teléfonos celulares.

Sin embargo, después de revisar las observaciones de empresarios, transportadores y ciudadanos, la Superintendencia decidió retirar la exigencia.

¿Por qué se tomó esta decisión?

La entidad identificó varias dificultades en la expedición de la norma. Entre ellas:

• No se realizó una consulta pública previa que permitiera recibir observaciones de los sectores involucrados.

• No se encontraron estudios técnicos suficientes que justificaran la implementación de los códigos QR.

• La obligación podía representar costos adicionales para las empresas, especialmente aquellas con flotas numerosas.

• No se evaluaron suficientemente las dificultades de los usuarios que no utilizan herramientas digitales.

¿Qué cambia para las empresas transportadoras?

Con la revocatoria, las empresas vigiladas ya no tendrán que instalar los adhesivos QR establecidos en la Resolución 009788 de 2026, una vez entre en vigencia la decisión mediante su publicación en el Diario Oficial.

La Superintendencia busca que las futuras medidas regulatorias cuenten con suficiente respaldo técnico, jurídico y económico.

¿Qué pasa con los usuarios del transporte público?

Los pasajeros podrán continuar utilizando los canales institucionales disponibles para presentar quejas, reclamos y denuncias relacionadas con la prestación del servicio. La revocatoria de esta obligación no significa que desaparezcan los mecanismos de protección al usuario.

La decisión representa un cambio importante para el transporte público colombiano y abre el debate sobre la necesidad de modernizar los canales de atención sin imponer cargas innecesarias a las empresas.