¿Se acaba la JEP en 2028? Avanza en el Congreso propuesta para trasladar los procesos.
La continuidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) quedó en el centro del debate político en Colombia luego de que una iniciativa legislativa.
La propuesta pretende que el organismo deje de funcionar en marzo de 2028 y que los procesos que todavía estén pendientes sean asumidos por la justicia ordinaria.
El proyecto fue presentado por el senador Enrique Gómez Martínez, del Movimiento de Salvación Nacional, quien considera que la JEP debe cumplir un periodo limitado y que sus investigaciones no pueden prolongarse indefinidamente. La iniciativa plantea modificar las disposiciones constitucionales que regulan su funcionamiento, con el propósito de establecer un cierre institucional y garantizar que los expedientes continúen bajo otro mecanismo judicial.
La propuesta ya recibió luz verde en la Comisión Primera del Senado, pero todavía debe superar otros siete debates para convertirse en una reforma constitucional. Por esta razón, la JEP no desaparecerá automáticamente en 2028, pues el proyecto aún debe completar todo el trámite legislativo antes de que pueda entrar en vigencia.
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¿Qué pasaría con los procesos que actualmente adelanta la JEP?
Uno de los puntos más importantes de la iniciativa es el futuro de las investigaciones relacionadas con los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano. De aprobarse la reforma, los expedientes que no hayan sido resueltos pasarían a manos de la justicia ordinaria, bajo un procedimiento que tendría que establecerse mediante una reglamentación posterior.
El senador Enrique Gómez ha defendido que esta transición debe respetar las decisiones judiciales que ya fueron adoptadas y las garantías de las personas que comparecen ante la jurisdicción. La propuesta también contempla que los antiguos integrantes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública que no ocuparon posiciones de mando tengan un tratamiento específico dentro del nuevo esquema.
En cuanto a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, la iniciativa plantea que sus casos sean atendidos por la justicia ordinaria. El objetivo, según su promotor, es evitar que las investigaciones queden sin resolución y establecer mecanismos que permitan avanzar en los procesos pendientes.
Los costos de funcionamiento de la JEP generan controversia
Otro de los argumentos que impulsan esta propuesta tiene que ver con los recursos económicos destinados al funcionamiento de la jurisdicción. Durante la discusión, Gómez cuestionó el presupuesto que ha requerido la entidad y señaló que su operación habría representado un costo aproximado de 4,2 billones de pesos.
El congresista también puso sobre la mesa el cumplimiento de los compromisos de reparación económica por parte de los antiguos integrantes de las Farc. Según sus declaraciones, existía el compromiso de entregar bienes por un billón de pesos, pero los aportes reportados estarían alrededor de los 42.000 millones de pesos.
Frente a este panorama, el senador considera que los procesos pendientes podrían continuar con un presupuesto anual de entre 100.000 y 150.000 millones de pesos. Además, estima que la reorganización permitiría liberar importantes recursos para fortalecer otras áreas de la Rama Judicial.
La discusión sobre los derechos de las víctimas
La posible terminación de la JEP también abre un debate sobre las garantías de las víctimas del conflicto armado, quienes esperan respuestas sobre los hechos de violencia, el esclarecimiento de la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.
La jurisdicción fue creada como parte del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas Farc, con el propósito de investigar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto. Por ello, cualquier modificación de su funcionamiento genera interrogantes sobre la continuidad de los procesos y la posibilidad de que las víctimas obtengan justicia.
La JEP ha advertido que un cierre anticipado podría afectar los derechos de las víctimas y las garantías judiciales, especialmente si los expedientes son trasladados sin mecanismos adecuados para asegurar su continuidad. También ha señalado posibles dificultades relacionadas con el cambio de juez y el traslado de investigaciones complejas a una justicia ordinaria que enfrenta problemas de congestión.
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¿Qué sigue para la iniciativa en el Congreso?
Por ahora, el proyecto continuará su recorrido legislativo. Después de superar el primer debate en la Comisión Primera del Senado, deberá ser discutido en la plenaria de esa corporación y posteriormente avanzar por la Cámara de Representantes, en las dos vueltas que exige una reforma constitucional.
La discusión promete generar posiciones encontradas entre los sectores políticos, especialmente por las consecuencias que podría tener sobre el sistema de justicia transicional, los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz y los derechos de miles de víctimas.
Mientras tanto, el futuro de la JEP permanece en debate. La pregunta que queda sobre la mesa es si Colombia está preparada para trasladar estas investigaciones a la justicia ordinaria sin afectar los avances alcanzados en materia de verdad y justicia, o si mantener la jurisdicción especializada resulta indispensable para garantizar que los crímenes del conflicto no queden en la impunidad.
