San Andrés bajo investigación: piden revisar contratos y posibles hechos de corrupción

El Gobierno nacional solicitó a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación conformar un grupo conjunto para coordinar las investigaciones sobre presuntas irregularidades administrativas en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La secretaria de Transparencia de la Presidencia, Cristina Lombana, informó que la solicitud busca articular las actuaciones de los organismos de control frente a las denuncias relacionadas con la contratación pública, la posible concentración de negocios en determinados contratistas y eventuales interferencias en las labores de vigilancia.

Entre los asuntos que serán objeto de revisión se encuentran las denuncias sobre el Hospital Departamental de San Andrés, particularmente las relacionadas con la adquisición y el uso de equipos médicos, los servicios contratados y los gastos administrativos.

Según lo divulgado por el Gobierno, la intención es facilitar investigaciones coordinadas desde Bogotá y determinar si existen elementos que ameriten actuaciones disciplinarias, fiscales o penales.

La solicitud de crear este grupo de trabajo no implica que las denuncias estén comprobadas. Serán las autoridades competentes las encargadas de establecer si se presentaron irregularidades, afectaciones al patrimonio público o conductas constitutivas de delito.

Tensión política por el Hospital Departamental

La iniciativa se conoce en medio de una controversia política por la situación del Hospital Departamental de San Andrés y los cuestionamientos del presidente Abelardo de la Espriella a la administración departamental.

Durante su visita al archipiélago, el mandatario cuestionó a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang por asuntos relacionados con la contratación y el funcionamiento del centro asistencial.

En sus declaraciones, el presidente aseguró que existen presuntas anomalías en el manejo de recursos y en la prestación de servicios hospitalarios.

“La situación del Hospital Departamental de San Andrés es indignante: equipos médicos guardados en guacales y deteriorándose, nóminas paralela

s, contratos de aseo y radiología ligados a personas cercanas a la Gobernación y un contrato de fotocopiadoras por 60 millones de pesos mensuales”, afirmó.

El jefe de Estado también señaló que en los hechos denunciados estaría implicado un diputado y advirtió que se revisarán los contratos y el destino de los recursos públicos.

“Cada contrato y cada peso serán examinados. Los responsables responderán ante la justicia. El hospital es para atender a los sanandresanos, no para servir a intereses particulares. ¡No habrá impunidad!”, sostuvo.

Los señalamientos deberán ser evaluados por las autoridades competentes, que tendrán la responsabilidad de verificar la información y establecer si existen responsabilidades individuales o institucionales.

La gobernadora rechaza los señalamientos

Por su parte, la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez, rechazó las acusaciones del presidente y cuestionó la forma en que se han presentado las denuncias sobre la administración departamental y la situación del hospital.

“Considero que debe escuchar varias caras de la información, no simplemente parcializarse”, manifestó la mandataria al referirse a la posición del jefe de Estado.

Ordóñez también negó categóricamente cualquier interferencia indebida en los procesos relacionados con el Hospital Departamental y aseguró que su administración ha mantenido la disposición de trabajar de manera coordinada con el Gobierno nacional y las autoridades del sector salud.

“Desde que asumí el cargo, el pasado 11 de julio, mi disposición ha sido trabajar articuladamente con el Gobierno nacional”, explicó.

La controversia deja en el centro del debate el manejo de los recursos públicos, la contratación departamental y las condiciones del principal centro hospitalario del archipiélago.

Con la solicitud de coordinación entre los organismos de control, el Gobierno busca que las denuncias sean examinadas de manera articulada. El avance de las actuaciones permitirá establecer si existen pruebas de irregularidades y determinar las eventuales responsabilidades, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.