Ricaurte y Mallama en alerta por riesgo de escalada armada
La Defensoría identifica peligros para autoridades indígenas, líderes comunitarios, firmantes, niños expuestos al reclutamiento por grupos ilegales.
La
presencia de grupos armados ilegales, las disputas por el control territorial y
la expansión de economías ilícitas encendieron las alertas en los municipios de
Ricaurte y Mallama, en Nariño. Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo,
encabezada de Iris Marín, emitió la Alerta Temprana 025 de 2026 para advertir
sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos y riesgos para la población
civil.
La
medida comprende la totalidad de ambos municipios. En Ricaurte incluye la
cabecera municipal, varios barrios y 13 resguardos indígenas del pueblo Awá. En
Mallama abarca la cabecera municipal de Piedrancha, siete corregimientos, 28
veredas y el resguardo Gran Mallama, perteneciente al pueblo indígena de los
Pastos.
Evolucionar
Según
el organismo, en estos territorios existe un escenario de coexistencia armada
frágil que podría evolucionar hacia una disputa territorial de mayor
intensidad, con consecuencias graves para las comunidades. Entre los actores
identificados se encuentran Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional
Ejército Bolivariano (CNEB), las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN) y el grupo
que se identifica como Nueva Urías Rondón–Frente 37.
La
Defensoría también advierte sobre la posibilidad de que el Estado Mayor Central
(EMC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) intenten ingresar nuevamente a
la zona, lo que podría modificar el equilibrio territorial y aumentar los
riesgos para la población.
De
acuerdo con la alerta, los grupos armados han establecido acuerdos que les
permiten distribuirse el control del territorio y de los corredores
transfronterizos hacia Ecuador. Estas dinámicas estarían relacionadas con la
captación de rentas del narcotráfico y el aprovechamiento de la expansión de la
minería ilegal.
Persecuciones
El
control ejercido por estas estructuras también tendría repercusiones directas
en la vida cotidiana de los habitantes. Entre las conductas identificadas
figuran amenazas, homicidios selectivos, extorsiones e imposición de normas de
comportamiento que restringen la libertad de movimiento y la autonomía de las
comunidades.
La
advertencia señala, además, riesgos particulares para líderes y lideresas
sociales, autoridades indígenas, personas defensoras de derechos humanos,
firmantes del Acuerdo de Paz y representantes políticos.
Otro
de los puntos críticos corresponde a los riesgos de reclutamiento, uso y
utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados
ilegales, una amenaza que compromete los derechos de la población menor de edad
y la seguridad de las familias.
Con
la emisión de la Alerta Temprana 025 de 2026, la Defensoría del Pueblo pone de
manifiesto la necesidad de prestar atención a la evolución del escenario de
seguridad en Ricaurte y Mallama, especialmente por las posibles afectaciones a
las comunidades indígenas, los liderazgos sociales y la población civil.
