Recuperar zonas afectadas por minería ilegal costaría $270.000 millones
Cortolima advirtió que recuperar los ecosistemas afectados por la minería ilegal en el sur del Tolima requeriría una inversión superior a $270.000 millones.

La recuperación ambiental de varias zonas del sur del Tolima afectadas por la minería ilegal representaría una inversión superior a los $270.000 millones. Así lo dio a conocer Olga Lucía Alfonso Iannini, directora general de Cortolima, durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, donde expuso la dimensión de los daños ocasionados por la extracción ilícita de minerales y los recursos necesarios para atenderlos.
Según explicó la funcionaria, un análisis multitemporal permitió identificar cientos de hectáreas deterioradas por esta actividad, principalmente en el municipio de Ataco, donde las intervenciones mineras han comprometido importantes fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos del departamento.
Afectaciones
De acuerdo con el diagnóstico presentado por la autoridad ambiental, entre los puntos más afectados se encuentran los ríos Saldaña y Atá, así como la quebrada Pole, en jurisdicción de Ataco. Estos afluentes han sufrido alteraciones por las actividades de explotación minera ilegal, lo que representa un riesgo para los recursos naturales y plantea la necesidad de ejecutar intervenciones para recuperar sus condiciones.
Del presupuesto estimado, más de $80.300 millones tendrían que destinarse exclusivamente a las obras de recuperación de los ríos Atá y Saldaña. Los recursos restantes permitirían intervenir las hectáreas degradadas y desarrollar acciones de planificación y protección ambiental en la cuenca del río Saldaña.
A esto se suma la formulación e implementación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (Pomca) del río Saldaña, una herramienta que busca establecer lineamientos para el uso adecuado del territorio y la conservación de sus recursos naturales.
Financiación
Ante la magnitud de la inversión, Alfonso Iannini planteó la necesidad de establecer una estrategia conjunta entre diferentes entidades para conseguir los recursos económicos y garantizar la ejecución de las obras. La propuesta contempla la participación del Gobierno nacional, la Gobernación del Tolima, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), las administraciones municipales y los fondos de regalías.
La directora señaló que Cortolima no podría asumir individualmente una recuperación ambiental de estas dimensiones, por lo que consideró necesario establecer compromisos institucionales que permitan distribuir responsabilidades y asegurar la financiación de los proyectos.
Durante el debate también presentó las acciones adelantadas para enfrentar la minería ilegal en el departamento. Según indicó, la corporación ha trabajado de manera articulada con la Fuerza Pública mediante operativos en diferentes puntos donde se ha identificado esta actividad.
Las intervenciones se han desarrollado principalmente en municipios como Ataco, Coyaima y Chaparral, donde las autoridades han identificado explotaciones que generan afectaciones sobre los recursos naturales.
El panorama expuesto ante los representantes del Gobierno nacional, la Policía y las autoridades locales evidenció que el problema no termina con los operativos contra la extracción ilícita de minerales.
El departamento también enfrenta el desafío de conseguir más de $270.000 millones para recuperar los territorios afectados, proteger las fuentes hídricas y evitar que continúe el deterioro ambiental.




