RECLUTAMIENTO INFANTIL, UN TERRIBLE FLAGELO
La niñez debe estar por fuera de la guerra y, por lo tanto, es inconcebible que en Colombia se presente este flagelo

El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales constituye una de las expresiones más dolorosas de la violencia que golpea a Colombia. No estamos hablando de cifras frías ni de un problema lejano: detrás de cada caso hay una vida que se trunca, una familia que queda marcada y una comunidad a la que le arrebatan su futuro. Por eso, las conclusiones conocidas en la reciente Conferencia de Prevención del Reclutamiento de Menores, realizada en Bogotá y promovida por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con el respaldo de Suecia y Canadá, deben encender todas las alarmas.
En ese encuentro se advirtió que, en Colombia, cada 22 horas un menor de edad es reclutado por grupos alzados en armas. La dimensión de esta realidad resulta estremecedora y exige una respuesta que vaya mucho más allá de los pronunciamientos de preocupación. También se señaló que los mayores índices de este flagelo se concentran en la costa Pacífica, especialmente en los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó, territorios donde la presencia de actores armados y las condiciones de vulnerabilidad exponen a la niñez a múltiples riesgos.
Territorios
La situación golpea con particular fuerza a las comunidades indígenas y afrodescendientes. En sus territorios, niños, niñas y adolescentes pueden quedar atrapados entre amenazas, presiones, engaños y ofertas que buscan vincularlos a estructuras armadas. A ello se suman la pobreza, la falta de oportunidades, las barreras para acceder a educación y servicios básicos, y las dificultades de las instituciones para llegar de manera permanente a zonas rurales apartadas. Ninguna de estas circunstancias justifica el reclutamiento; por el contrario, demuestra cuánto debe hacer el Estado para proteger a quienes viven allí.
La advertencia de que este fenómeno se ha incrementado en un 300 por ciento hace todavía más urgente actuar. No podemos acostumbrarnos a que la infancia sea convertida en instrumento de la guerra, ni aceptar que los fusiles, las amenazas y el miedo ocupen el lugar de las aulas, los juegos y los proyectos de vida. Cada menor reclutado representa una vulneración grave de sus derechos y una herida para el conjunto de la sociedad.
Desde estas páginas hacemos un llamado al Gobierno nacional, a las autoridades departamentales y municipales, a la Fuerza Pública, a los organismos de protección y a las entidades educativas para que coordinen acciones concretas y sostenidas. La prevención debe comenzar en las comunidades: identificar riesgos, escuchar a las familias, fortalecer las rutas de denuncia y protección, garantizar entornos escolares seguros y ofrecer alternativas reales de educación, cultura, deporte y empleo para los hogares. También es indispensable respaldar a los líderes comunitarios, indígenas y afrodescendientes que alertan sobre la presencia y las presiones de los grupos armados.
Nariño, Cauca y Chocó no pueden seguir apareciendo en las estadísticas como escenarios de especial afectación. Sus habitantes necesitan inversión social, presencia institucional continua y garantías para vivir sin miedo. La protección de la niñez no puede depender de operativos ocasionales ni de compromisos que se olvidan cuando termina una conferencia. Requiere presupuesto, seguimiento, participación de las comunidades y resultados verificables.
La niñez debe estar fuera de la guerra. Que cada 22 horas un menor sea reclutado es una señal de alarma que Colombia no puede ignorar. Prevenir, proteger y atender a quienes están en riesgo debe ser una prioridad inmediata. Defender a nuestros niños es defender el presente y el futuro del país y de toda nuestra democracia.




