¿Qué es la NSR-10 y por qué el sismo de Chocó reabre el debate sobre actualizarla?

Las edificaciones construidas bajo la NSR-10 tuvieron, en su mayoría, un comportamiento satisfactorio durante el sismo de agosto. Pero expertos consultados por medios nacionales coinciden en que la norma no incorpora dieciséis años de nuevo conocimiento geológico ni de ingeniería sísmica reciente, y la discusión técnica no partió de cero: desde antes del sismo ya existía un documento de propuesta de reforma, elaborado por la comunidad de ingeniería sísmica del país, que hasta ahora no se ha convertido en decreto.

Los casos de Chile y México muestran, en términos concretos, qué tipo de ajustes suele traer una actualización normativa después de aprender de un sismo mayor. Chile, tras el terremoto de Maule de 2010 (magnitud 8,8), incorporó a su norma NCh433 una nueva clasificación de suelos, control de deformaciones y exigencias más estrictas para muros de concreto armado, ajustes que hoy sigue consolidando en una tercera actualización. México, por su parte, revisó tras el sismo de 2017 los criterios de cálculo para estructuras de concreto, y cuenta desde 2010 con un Instituto de Seguridad para las Construcciones encargado de mantener la normativa bajo revisión permanente.

Según cifras de la UNGRD, el sismo de agosto dejó afectaciones en más de 90 puentes vehiculares, más de una decena de puentes peatonales y cientos de vías en 16 departamentos del país. Para una reconstrucción de esa escala, los sistemas constructivos industrializados, fabricados en planta, bajo condiciones controladas, ofrecen mayor trazabilidad y previsibilidad en el comportamiento estructural frente a un sismo que la ejecución tradicional en obra, justo lo que exige un proceso de reconstrucción acelerada. El problema es que ese tipo de sistema no tiene, hoy, un capítulo propio dentro de la NSR-10.

Que los edificios no colapsen ante un sismo no depende solo de qué tan actualizada está la norma, sino de que esos avances le apliquen a toda la construcción por igual. Hoy no es así: la NSR-10 describe en detalle la construcción fundida en sitio, pero los sistemas prefabricados no tienen ese mismo tratamiento general — cada empresa debe sustentar el suyo, caso por caso, ante la Comisión Asesora Permanente (CAP).

Esto tiene un im

pacto directo: al pasar de la NSR-98 a la NSR-10 en 2010, las empresas con régimen de excepción debieron revalidar sus sistemas individualmente. De actualizarse nuevamente la NSR-10 con lecciones de Chile o México, sucedería lo mismo: las mejoras no se aplicarían automáticamente a la construcción industrializada, sino caso por caso. Ante la alta demanda de esta tecnología para la reconstrucción, esta carga burocrática cobra mayor relevancia.

Claudio Rojas, gerente general de Preansa Colombia, concluye, “cuando tramitamos nuestro régimen de excepción ante la Comisión Asesora Permanente (CAP), tuvimos que demostrar, sistema por sistema, que nuestros pórticos prefabricados cumplen los mismos parámetros sismorresistentes que exige la construcción tradicional. Es un proceso técnico serio, pero hoy depende de que cada empresa lo haga por su cuenta. En un momento en que el país va a necesitar más construcción industrializada para la reconstrucción, tiene sentido que esa exigencia haga parte de la norma general, y no de un trámite caso por caso.”

Según el listado oficial de la CAP, publicado por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, apenas diez empresas en el país han obtenido esta autorización en las dos décadas que lleva vigente el mecanismo. Preansa Colombia es una de ellas: el 19 de octubre de 2020, la CAP aprobó su régimen de excepción para el sistema de pórticos resistentes a momentos de un solo nivel en concreto prefabricado, el único de este tipo estructural entre los vigentes actualmente en el país.