Procuraduría impulsa medidas para fortalecer la formalización laboral en el Estado
A través de la Directiva la Entidad promueve el uso legal de los contratos de prestación de servicios
La Procuraduría General de la Nación exhorta a las entidades públicas a evaluar alternativas de empleo y formalización laboral para atender las funciones permanentes del Estado e impartió directrices para prevenir el uso indebido de los contratos de prestación de servicios en las entidades públicas
En la Directiva 018 del 28 de octubre de 2026, la Entidad requiere verificar que este tipo de contratos respondan a necesidades específicas, tengan una duración estrictamente indispensable y estén debidamente justificados para garantizar que se utilicen únicamente en los casos permitidos por la ley para prevenir millonarias condenas contra el Estado.
La directiva también exhorta al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) a desarrollar programas permanentes de capacitación y asistencia técnica para los responsables de talento humano, contratación y supervisión, para fortalecer las capacidades institucionales frente a la normativa y avanzar en alternativas de formalización laboral.
Asimismo, el ente de control cita que, según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con corte al 30 de junio de 2026, 205 entidades públicas enfrentaban 6.127 procesos judiciales activos relacionados con el contrato realidad; y las pretensiones económicas superaban los $ 1,3 billones, mientras que el riesgo fiscal estimado para el Estado excedía los $ 1,6 billones.
Ante este panorama, el Ministerio Público recordó que la contratación por prestación de servicios debe respetar la autonomía del contratista y los límites establecidos en la ley, y al mismo tiempo instó a fortalecer la prevención del daño antijurídico, la capacitación de supervisores y los mecanismos de defensa judicial para reducir los riesgos legales y fiscales asociados a esta práctica.
