Procuraduría da plazo de 90 días a mandatarios para garantizar protección animal
La Procuraduría emitió la Directiva 012 de 2026, exigiendo a alcaldes y gobernadores crear centros de bienestar animal y realizar esterilizaciones masivas
La Procuraduría General de la Nación emitió la Directiva 012 de 2026, una orden de obligatorio cumplimiento que impone un estricto llamado a alcaldes y gobernadores de todo el territorio nacional. La medida exige a los mandatarios locales adoptar acciones inmediatas para construir centros de bienestar animal y ejecutar jornadas masivas de esterilización bajo la estrategia de Captura, Esterilización y Retorno (CER).
Las administraciones locales y departamentales dispondrán de un plazo máximo e improrrogable de 90 días para presentar sus respectivos planes de acción ante los organismos de control. El Ministerio Público advirtió categóricamente que el incumplimiento de estos mandatos o la falta de gestión oportuna para proteger a los animales será sancionado formalmente como una falta disciplinaria grave.
Más allá de la construcción de infraestructura, la normativa obliga a las alcaldías a constituir fondos económicos específicos para la protección animal y capacitar a los inspectores de policía para sancionar el maltrato. Adicionalmente, ordena implementar el curso de sensibilización de la Ley Ángel e instruye al Ministerio de Educación a incorporar la cátedra de bienestar animal en las instituciones educativas.
Esta firme determinación institucional responde a las constantes peticiones de colectivos y organizaciones defensoras de los animales, quienes han denunciado la inacción de diversos gobiernos locales ante el abandono de fauna callejera. Con la articulación de la Ruta de Atención al Maltrato Animal liderada por el Ministerio de Ambiente, Colombia busca consolidar un modelo estatal de protección integral.
Los entes de control fiscal y disciplinario mantendrán una rigurosa vigilancia sobre los presupuestos municipales para comprobar la inversión real de los recursos en la salvaguarda de seres sintientes. Con este marco regulatorio, las autoridades nacionales esperan transformar las políticas de protección animal en prioridades permanentes de la agenda pública.
