Presentan el Estatuto Antiterrorista: estas son las principales medidas del plan
La iniciativa del Gobierno plantea crear un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, establecer un régimen especial para cabecillas.
El Gobierno Nacional presentará este jueves 8 de octubre ante el Consejo de Política Criminal el proyecto de Estatuto Antiterrorista, antes de su eventual radicación en el Congreso de la República.
La iniciativa, liderada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, busca establecer nuevas herramientas jurídicas para combatir a las organizaciones consideradas terroristas y afectar sus estructuras financieras. El borrador conocido hasta ahora contempla más de 130 artículos y plantea la creación de un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas.
Entre las medidas previstas aparecen el congelamiento o afectación de activos, restricciones para contratar con el Estado, nuevos delitos y aumentos de penas, así como un régimen penitenciario especial para los cabecillas de las organizaciones incluidas en el registro.
El proyecto también contempla la creación del cargo de Alto Comisionado contra el Terrorismo, una figura que tendría responsabilidades relacionadas con la coordinación de las acciones del Estado frente a este fenómeno.
De acuerdo con la información conocida sobre el borrador, la inclusión de personas u organizaciones en el registro tendría que seguir un procedimiento establecido por la iniciativa. El documento plantea una instancia técnica encargada de elaborar los expedientes y una decisión posterior de las autoridades competentes.
La propuesta contempla, además, un mecanismo para retirar de la clasificación a organizaciones que cumplan determinadas condiciones, entre ellas su eventual sometimiento a la justicia, según ha explicado el ministro Lara.
El proyecto deberá superar el análisis del Consejo de Política Criminal y posteriormente iniciar su trámite en el Congreso. Al tratarse de un borrador que aún no ha sido radicado, su contenido podría presentar modificaciones durante el proceso legislativo.
Más herramientas para la Fuerza Pública
El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, ha respaldado la iniciativa y ha señalado que el nuevo marco jurídico debe brindar mayores herramientas y seguridad jurídica a los integrantes de la Fuerza Pública.
Mora ha planteado la necesidad de que los uniformados cuenten con respaldo institucional para actuar ante amenazas contra su integridad, siempre bajo las reglas aplicables al uso proporcional de la fuerza. También ha destacado la incorporación de herramientas tecnológicas, como cámaras corporales, para documentar los procedimientos y aportar elementos probatorios a las investigaciones judiciales.
Desde el Gobierno se ha señalado que el estatuto busca fortalecer los mecanismos para judicializar a quienes ataquen a miembros de la Fuerza Pública y enfrentar delitos relacionados con el terrorismo y el narcotráfico.
Protección jurídica para las tropas
El comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, también ha señalado que el proyecto contempla medidas orientadas a fortalecer la protección jurídica de los uniformados durante operaciones y situaciones en las que deban emplear la fuerza.
Según Rodríguez, la iniciativa incluiría un fortalecimiento de las penas y de los procesos judiciales relacionados con delitos asociados al narcotráfico y al terrorismo, además de disposiciones sobre la actuación de las tropas frente a situaciones como las asonadas.
El general ha insistido en que estas medidas no significan un uso indiscriminado de las armas contra la población civil. En sus declaraciones, ha defendido que los militares puedan actuar en defensa propia cuando exista una amenaza contra su vida o integridad, dentro de las normas que regulan el uso de la fuerza.
El borrador también contempla disposiciones relacionadas con las operaciones militares y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, incluidas reglas para determinar las condiciones en las que podrían desarrollarse operaciones de superioridad aérea contra determinadas organizaciones, incluyendo el Cauca.
¿Qué sigue para el Estatuto Antiterrorista?
La presentación ante el Consejo de Política Criminal será uno de los siguientes pasos antes de que el Gobierno lleve la iniciativa al Congreso.
Una vez radicado, el proyecto deberá surtir el trámite correspondiente como ley estatutaria, escenario en el que se discutirán el alcance de la denominada lista de organizaciones terroristas, las consecuencias jurídicas para quienes sean incluidos, las medidas sobre sus finanzas y las disposiciones relacionadas con la Fuerza Pública.
Por ahora, el contenido conocido corresponde al proyecto que prepara el Gobierno y puede cambiar durante su discusión institucional y legislativa.
