Polémica por cierre vial en la Ambalá
Inspección de Policía archivó proceso por conflicto entre vecinos y parqueadero en el sector Ambalá.
Un conflicto relacionado con el cierre temporal de una vía pública, durante la ejecución de obras de pavimentación en el barrio Ambalá de Ibagué, terminó en una audiencia ante la Inspección Sexta Urbana de Policía, luego de que se presentaran señalamientos por presuntas agresiones, amenazas y dificultades para ingresar y salir de un parqueadero del sector.
Los hechos se remontaron al 14, 15 y 16 de agosto de 2026, cuando, según lo expuesto durante la diligencia, se adelantaban trabajos de reparación de la vía pública. La situación generó diferencias entre los responsables del establecimiento comercial, habitantes del sector y personas que participaban en el desarrollo de la obra.
Versiones
Jesús Eduardo Díaz Bonilla presentó una querella contra María Evelia González Piza, María del Pilar González Piza y Marisol Montealegre Ramírez, por presuntos comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles.
Durante la audiencia, el querellante señaló que las mujeres se habrían reunido en la entrada del parqueadero El Campestre, impidiendo la circulación habitual de vehículos y ocasionando aglomeraciones, molestias y discusiones con los usuarios del establecimiento.
Por su parte, María Evelia González aseguró que la comunidad había participado en trabajos para pavimentar la calle y que el cierre obedecía a instrucciones relacionadas con la ejecución de la obra. También manifestó que existían dos accesos al parqueadero y sostuvo que la vía debía permanecer cerrada por disposición del personal de Infraestructura.
María del Pilar González, quien indicó que se desempeñaba como veedora ciudadana de los trabajos, afirmó que algunos conductores intentaron ingresar pese a las restricciones. Además, denunció presuntas agresiones verbales y físicas contra trabajadores vinculados a la intervención.
Decisión
Marisol Montealegre explicó que su participación consistió en llamar a la Policía para solicitar la intervención de las autoridades ante las discusiones que se estaban presentando.
Durante la diligencia, la representante del Ministerio Público consideró que no existía una perturbación a la posesión, sino un conflicto de convivencia relacionado con una obra de beneficio comunitario. Por esa razón, solicitó archivar el procedimiento al considerar que los hechos habían sido superados.
Finalmente, la inspectora sexta urbana, Nancy Astrid Nieto Ruiz, ordenó terminar y archivar el proceso, al determinar que no existían hechos perturbatorios que justificaran continuar con la actuación.
Sin embargo, dispuso que Jesús Eduardo Díaz Bonilla, María Evelia González Piza, María del Pilar González Piza y Marisol Montealegre Ramírez se abstuvieran de amenazarse o agredirse física o verbalmente. Advirtió que, ante hechos reiterados y comprobados, podrían recibir una multa general tipo 4, equivalente a 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
