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Sábado, Noviembre 30, 2019 - 12:16

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general al secretario de Hacienda de Barbosa, Santander, Luis Hernando Castiblanco Marín (2012-2013), por 15 años, y a la auxiliar administrativa, Sonia Ortiz Güiza (2012-2013), por 20 años, por apropiación de recursos públicos.

La exfuncionaria se apropió de $49.372.245 recibidos de los contribuyentes por concepto de impuesto predial y licencias de construcción, entre el 13 de agosto de 2012 al 25 de febrero de 2013, y generó irregularmente recibos, facturas y paz y salvos que sirvieron a los contribuyentes para soportar los valores pagados.

Tras la generación de estos documentos públicos, Ortiz Guiza expedía una segunda factura con un valor inferior al recibido que sirvió para alimentar el sistema contable, presupuestal y financiero del ente territorial.

Con este comportamiento los disciplinados desconocieron normas penales, que dieron lugar a que se configuraran delitos como peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

Los exfuncionarios generaron un grave daño social, dado que, por disposición legal, los recursos apropiados por la disciplinada tenían como destino el bienestar de los gobernados, la comunidad o la población menos favorecida.

Entre las normas transgredidas por la entonces auxiliar, el ente de control citó los numeral 16 y 17 de la Resolución 148 del 7 de julio de 2012 que establecen dentro de sus funciones “registrar en el libro respectivo, el pago de los contribuyentes por acción del área o despacho respectivo (…) generar la facturación de pago y especificar el concepto del mismo, además llevar una relación de los pagos efectuados en el día”.

El exsecretario de Hacienda se apropió en provecho de la auxiliar administrativa de $109.117.839, que los contribuyentes del impuesto predial y licencias de construcción cancelaron en efectivo en su despacho, entre el 11 de enero y el 12 de agosto de 2012, fecha en la cual Güiza fue contratista, y entre 13 de agosto de 2012 y el 25 de febrero de 2013, como servidora pública.

Castiblanco Marín incumplió el Decreto 245 de octubre 13 de 2005, que señala como función del secretario de Hacienda “realizar labores que fortalezcan las finanzas públicas. La racionalización de los recursos, el buen recaudo de los impuestos directos e indirectos (…)”.

La Procuraduría Provincial de Vélez calificó las faltas de los entonces funcionarios como gravísimas a título de dolo, teniendo en cuenta que conocían la ilicitud de su actuar y dirigieron su voluntad a lesionar los intereses de la administración pública.

 

Con información de Prensa Procuraduría

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