Padre de Valeria Afanador defendió cierre definitivo del colegio donde estudiaba su hija

El cierre definitivo del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, institución educativa donde estudiaba Valeria Afanador, volvió a poner en el centro de la discusión uno de los casos que más conmoción ha generado en Colombia. Manuel Afanador, padre de la menor, se pronunció sobre la decisión administrativa y rechazó que la medida se interprete como una determinación motivada por intereses personales de su familia.

La Gobernación de Cundinamarca confirmó la cancelación de la licencia de funcionamiento del colegio después de un proceso administrativo en el que se identificaron fallas relacionadas con la vigilancia de los estudiantes, los protocolos de reacción y el deber de protección de la menor.

“Esto no es por capricho mío ni es culpa mía”, expresó el padre, quien considera que la decisión representa un avance en la búsqueda de respuestas y en el reconocimiento de las responsabilidades que pudieron existir en el caso.

¿Por qué ordenaron el cierre definitivo del colegio?

La decisión quedó ratificada mediante la Resolución 007360 del 14 de octubre de 2026, luego de que la Secretaría de Educación de Cundinamarca resolviera la apelación presentada por la institución.

Entre los aspectos cuestionados se encuentran las deficiencias en los mecanismos de supervisión de los estudiantes y la falta de procedimientos suficientemente definidos para reaccionar ante la desaparición de un alumno.

Valeria, una niña de 10 años con síndrome de Down, desapareció el 12 de agosto de 2025 mientras se encontraba en el colegio, ubicado en Cajicá. Después de 18 días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en el río Frío, cerca de las instalaciones educativas.

La cancelación de la licencia no será inmediata: los estudiantes podrán terminar el calendario académico de 2026 antes de ser trasladados a otras instituciones. El colegio deberá presentar un plan de reubicación que contemple las necesidades particulares de los alumnos, especialmente de aquellos con discapacidad o requerimientos educativos especiales.

El padre de Valeria pide respuestas a la Fiscalía

Aunque respaldó el cierre del establecimiento, Manuel Afanador insistió en que la decisión administrativa no resuelve las preguntas que siguen rodeando la desaparición y la muerte de su hija.

El padre cuestionó la falta de avances concluyentes en la investigación penal y pidió que la Fiscalía General de la Nación examine la documentación recopilada durante el procedimiento administrativo contra el colegio.

Según sus declaraciones, la familia todavía desconoce con precisión cómo ocurrieron los hechos y reclama una reconstrucción científica que permita establecer las circunstancias de la desaparición.

Afanador también manifestó su inconformidad con el alcance de las actuaciones judiciales y considera necesario determinar si otras personas pudieron tener algún tipo de responsabilidad.

Hasta el momento, la Fiscalía ha imputado por homicidio culposo a dos trabajadores vinculados con el colegio: una docente y el encargado de infraestructura. El ente investigador sostiene que presuntas omisiones en la supervisión de la menor y en el mantenimiento de la malla perimetral habrían permitido su salida del plantel sin ser detectada.

Estas imputaciones no equivalen a una condena, por lo que la responsabilidad penal deberá establecerse dentro del proceso judicial.

Un caso que reabre el debate sobre la protección de menores con discapacidad

Para la familia Afanador, el caso debe trascender el cierre de una institución educativa y convertirse en un precedente sobre las obligaciones de los colegios frente a los estudiantes que requieren medidas especiales de acompañamiento.

El padre considera que los establecimientos educativos deben contar con protocolos efectivos de vigilancia, reacción inmediata y prevención de riesgos, especialmente cuando tienen bajo su cuidado a menores en condiciones de vulnerabilidad.

Mientras avanza el proceso judicial, la familia continúa exigiendo claridad sobre lo ocurrido con Valeria. La decisión de cerrar el colegio constituye una sanción administrativa, pero no reemplaza las investigaciones que deben determinar las circunstancias de la muerte de la niña y las eventuales responsabilidades individuales.

La principal exigencia de sus familiares sigue siendo conocer la verdad sobre lo sucedido y lograr que las autoridades esclarezcan un caso que conmocionó al país.