Pacto de Valledupar: documento revela posibles beneficios para exparamilitares
Una declaración suscrita en octubre de 2025 contempla estudiar medidas jurídicas y penitenciarias para antiguos integrantes de las AUC.
El denominado Pacto de Valledupar volvió al centro del debate político tras conocerse un documento firmado el 24 de octubre de 2025, durante los encuentros entre representantes del entonces Gobierno de Gustavo Petro y antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La declaración, que tenía como propósito avanzar en el cierre del proceso de paz de Santa Fe de Ralito, incluye compromisos relacionados con la contribución a la verdad, la reparación de las víctimas y la situación jurídica de los exintegrantes de esa organización armada. Sin embargo, su contenido adquirió relevancia pública en medio de denuncias sobre una supuesta petición para que los exjefes paramilitares hicieran señalamientos contra figuras políticas.
Beneficios jurídicos bajo consideración
Uno de los puntos que ha generado mayor atención es el apartado en el que se plantea estudiar mecanismos legales relacionados con la reubicación carcelaria, la acumulación de penas y la extradición, entre otras alternativas para quienes participaran en el proceso de cierre de Ralito.
El documento también menciona la posibilidad de retomar iniciativas de colonias agrícolas como mecanismo de resocialización y aporte a las comunidades.
No obstante, la declaración no establece expresamente que estos mecanismos debieran concederse a cambio de declaraciones contra determinados dirigentes políticos. La relación entre los posibles beneficios y las supuestas solicitudes de carácter político forma parte de los señalamientos que deberán ser examinados por las autoridades competentes.
Las denuncias sobre los dirigentes políticos
La polémica se intensificó después de que Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), afirmara que durante los encuentros se habría planteado la posibilidad de que los antiguos comandantes hablaran sobre el expresidente Álvaro Uribe, el abogado Abelardo De La Espriella y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Según su versión, la solicitud habría generado inconformidad entre varios de los participantes, quienes manifestaron que ya habían entregado información ante los organismos de justicia.
Por su parte, Salvatore Mancuso, excomandante de las AUC que asistió a las reuniones, también aseguró que delegados del Gobierno les solicitaron hacer señalamientos contra esas figuras políticas. De acuerdo con su testimonio, los exjefes paramilitares no aceptaron la propuesta.
El abogado de Mancuso, Juan Carlos Villamizar, coincidió en que se habría solicitado divulgar información sobre los dirigentes mencionados. Sin embargo, aclaró que, según su versión, no existió un pacto formal ni se ofrecieron beneficios explícitos a cambio de declaraciones.
Un documento que no menciona a los políticos señalados
Aunque la declaración de Valledupar contempla compromisos para avanzar en el proceso de paz y estudiar alternativas jurídicas, no menciona expresamente a Uribe, De La Espriella o Vargas Lleras como destinatarios de señalamientos.
El texto sí plantea que existen asuntos pendientes por esclarecer sobre las relaciones entre el paramilitarismo, la política y la economía en Colombia. También hace referencia a la necesidad de conocer el destino de los bienes de las antiguas autodefensas y fortalecer las acciones de reparación a las víctimas.
Estos elementos forman parte de los compromisos consignados en el documento, pero no prueban por sí solos que hubiera existido una estrategia para obtener testimonios con fines electorales.
Autoridades deberán esclarecer lo ocurrido
Ante la gravedad de las denuncias, el Ministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía General de la Nación verificar los hechos y determinar si durante las reuniones se presentaron presiones indebidas, posibles ofrecimientos de beneficios judiciales o intentos de promover declaraciones falsas.
El caso plantea interrogantes sobre el alcance de los encuentros con los excomandantes paramilitares y la manera en que se desarrollaron las conversaciones en el marco de la política de paz del Gobierno anterior.
Por ahora, las versiones conocidas corresponden a testimonios y denuncias que deben ser contrastados con las pruebas disponibles. La determinación de eventuales responsabilidades dependerá de las investigaciones de las autoridades judiciales y disciplinarias.
Mientras avanzan las verificaciones, el llamado Pacto de Valledupar continúa generando controversia por la coincidencia entre los compromisos relacionados con la situación jurídica de los exparamilitares y las acusaciones sobre una presunta solicitud de declaraciones contra dirigentes políticos.
