OTRO ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN. SIGUE LA POLÉMICA EN COLOMBIA

Las graves declaraciones que han trascendido sobre presuntas irregularidades en las que estaría involucrada Verónica Alcocer, ex primera dama de la Nación, han encendido las alarmas en el país y planteado una exigencia que no puede ser ignorada: conocer la verdad.

Las afirmaciones atribuidas a las exfuncionarias Eva Ferrer y Angie Rodríguez, relacionadas con supuestos hechos de corrupción que incluirían el presunto uso de aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para transportar drogas y dinero, son de una gravedad extraordinaria y requieren una investigación rigurosa, transparente y sin contemplaciones.

No se trata de señalamientos menores ni de controversias que puedan resolverse con simples declaraciones públicas. Estamos ante acusaciones que, de comprobarse, comprometerían no solamente a personas que habrían tenido acceso a las más altas esferas del poder, sino que también podrían afectar la credibilidad de instituciones fundamentales para la seguridad y la soberanía nacional. Por eso, los colombianos tienen todo el derecho de exigir explicaciones y reclamar que las autoridades competentes lleguen hasta las últimas consecuencias.

Es necesario subrayar que una acusación no constituye, por sí misma, una prueba de responsabilidad penal. Precisamente por eso, la obligación de las instituciones judiciales y disciplinarias es esclarecer los hechos, establecer qué ocurrió realmente y determinar si existen elementos que permitan atribuir responsabilidades individuales. Ni la gravedad de los señalamientos puede convertirse en una condena anticipada, ni la importancia de las personas mencionadas debe servir de escudo para impedir que se conozca la verdad.

Las declaraciones de Eva Ferrer y Angie Rodríguez han puesto sobre la mesa interrogantes que merecen respuestas concretas. Si existen denuncias sobre posibles actuaciones irregulares, es indispensable que quienes aseguran tener conocimiento de ellas aporten información verificable, documentos y testimonios que permitan reconstruir los hechos. De igual manera, las personas señaladas deben tener la oportunidad de responder ante las autoridades y ejercer plenamente su derecho a la defensa.

En este contexto, resulta oportuno el llamado de la Procuraduría General de la Nación para que cinco personas, entre ellas las dos exfuncionarias, rindan declaraciones bajo juramento dentro de las actuaciones correspondientes. Este procedimiento puede contribuir a precisar las versiones conocidas, identificar posibles contradicciones y establecer cuáles afirmaciones cuentan con sustento y cuáles requieren mayor comprobación.

Lo fundamental es que estas diligencias no se conviertan en un simple trámite ni terminen diluyéndose entre declaraciones, controversias políticas y acusaciones cruzadas. El país necesita resultados. Si hubo irregularidades, deben identificarse a sus responsables y aplicarse las sanciones previstas en la ley. Si, por el contrario, algunos señalamientos carecen de fundamento, también debe quedar establecido con claridad, para evitar que la honra de las personas sea destruida por afirmaciones que no logren demostrarse.

Especial preocupación despierta cualquier señalamiento relacionado con la utilización de aeronaves militares para actividades ilícitas. La Fuerza Aeroespacial Colombiana cumple funciones esenciales para la defensa del territorio, la seguridad nacional y la protección de los ciudadanos. Su buen nombre no puede quedar expuesto a sospechas sin que exista una respuesta institucional contundente. Es indispensable establecer si hubo utilización indebida de recursos oficiales, quiénes habrían intervenido y qué controles funcionaron o fallaron, si los hechos denunciados llegan a comprobarse.

Colombia está cansada de los escándalos de corrupción que comienzan con revelaciones explosivas y terminan, demasiadas veces, sin respuestas satisfactorias. La justicia debe actuar con independencia y aplicar los mismos criterios para todos, sin importar el cargo que hayan ocupado o la cercanía que hayan tenido con el poder.

Nuestros abuelos solían decir que “las cuentas claras y el chocolate espeso”. Esa expresión popular cobra plena vigencia frente a estas denuncias. Cuando se ponen en duda la transparencia de quienes estuvieron hicieron parte de la Presidencia y la integridad de instituciones militares, no bastan las explicaciones a medias ni las descalificaciones entre protagonistas.