Organizaciones ambientales rechazan la revocatoria de la reserva amazónica

Diez organizaciones ambientales nacionales e internacionales rechazaron la decisión del Ministerio de Ambiente de revocar la declaratoria de reserva definitiva del bioma amazónico colombiano. Las entidades consideran que la medida representa un retroceso en la protección de uno de los ecosistemas más importantes del planeta y solicitaron al Gobierno completar el proceso de consulta previa con las comunidades afrodescendientes, en lugar de eliminar la resolución.

La controversia se produjo después de que el Ministerio de Ambiente revocara, mediante la Resolución 1405 del 23 de octubre de 2026, la Resolución 0961 del 4 de agosto del mismo año, que había establecido una zona de reserva de recursos naturales renovables y del ambiente en la Amazonía colombiana.

Las organizaciones advierten sobre los riesgos ambientales

Entre las organizaciones que expresaron su rechazo se encuentran la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Greenpeace, Amazon Watch, Earth Insight, el Foro Social Panamazónico y la Fundación Envol Vert Colombia, entre otras.

En un comunicado conjunto, las entidades señalaron que la revocatoria debilita los esfuerzos de conservación y puede facilitar la expansión de actividades extractivas incompatibles con la integridad ecológica de la región. Por ello, insistieron en que la protección de la Amazonía debe mantenerse como una política de Estado, independientemente de los cambios de gobierno.

Las organizaciones también solicitaron fortalecer los principios de prevención y precaución ambiental, con el propósito de identificar anticipadamente los riesgos de daños graves o irreversibles en los ecosistemas y evitar autorizaciones para actividades que comprometan su conservación.

Como argumento adicional, citaron un informe de Earth Insight, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible y la OPIAC, según el cual aproximadamente 14 millones de hectáreas, equivalentes al 28 % de la Amazonía colombiana, se superponen con bloques destinados a actividades petroleras y gasíferas.

La consulta previa, el argumento del Gobierno para revocar la medida

La decisión del Ministerio de Ambiente estuvo fundamentada en que la resolución original se expidió sin completar la consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que podrían verse afectadas por la declaratoria.

Según los antecedentes administrativos, durante julio de 2026 se realizaron reuniones de preconsulta en Villa Garzón, Putumayo, pero no se logró concertar la ruta metodológica para desarrollar el proceso. Por esta razón, el Gobierno consideró que existía un incumplimiento de las garantías de participación de estas comunidades.

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, defendió la revocatoria y sostuvo que la resolución anterior no garantizaba por sí sola la protección efectiva del bioma, además de generar incertidumbre económica y territorial para sus habitantes.

Sin embargo, las organizaciones ambientales consideran que la falta de culminación de la consulta previa no debería significar la eliminación de la medida. Su propuesta consiste en completar el procedimiento pendiente y conservar los avances alcanzados en materia de protección ambiental.

¿Qué implica la revocatoria para la Amazonía colombiana?

La resolución revocada contemplaba restricciones para nuevas autorizaciones y concesiones mineras, así como para la celebración de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en un territorio de aproximadamente 483.283 kilómetros cuadrados, equivalente al 42 % del área continental colombiana.

No obstante, la decisión del Ministerio no significa que la Amazonía haya quedado completamente desprotegida. Continúan vigentes otras disposiciones, entre ellas la Reserva Forestal establecida mediante la Ley 2.ª de 1959, las declaratorias de Parques Nacionales Naturales, la legislación sobre delitos ambientales y las órdenes judiciales relacionadas con la protección del bioma.

Las organizaciones firmantes insistieron en que el Gobierno debe restablecer una protección efectiva frente a nuevas actividades extractivas, completar los procesos de consulta previa y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades que habitan la región.

El debate plantea un desafío para la política ambiental colombiana: garantizar la participación de las comunidades en las decisiones sobre sus territorios sin debilitar los mecanismos destinados a proteger la biodiversidad, los recursos naturales y el equilibrio ecológico de la Amazonía.