Ordenan arresto de la ministra de Trabajo y del director del SENA por desacato judicial
Un juez de Cali impuso tres días de arresto a la ministra de Trabajo y al director del SENA tras incumplir un fallo de tutela sobre derechos laborales.
Una dura contravención judicial sacude las altas esferas del Gobierno Nacional. Un juez de la ciudad de Cali declaró en desacato a la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, y al director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), tras determinar que ambas autoridades incumplieron las órdenes impartidas en una acción de tutela interpuesta para amparar los derechos laborales de un ciudadano.
La providencia judicial establece una sanción coercitiva que contempla tres días de arresto para cada uno de los altos funcionarios, además del pago de una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes. La medida se adoptó luego de comprobarse que las entidades públicas no acreditaron el cumplimiento riguroso ni oportuno de los requerimientos fijados por el despacho para garantizar la protección constitucional del tutelante.
Según se conoció en el auto judicial, el juez de la causa fundamentó la sanción en la renuencia de las instituciones a ejecutar de forma completa las acciones de restitución laboral ordenadas previamente. Pese a los requerimientos previos y a los plazos perentorios otorgados por el juzgado, la documentación radicada por los apoderados de la cartera de Trabajo y del SENA no resultó suficiente para demostrar el acatamiento integral del fallo.
Conforme a lo dispuesto en la legislación procesal colombiana para este tipo de sanciones disciplinarias y constitucionales, el expediente pasará de inmediato a revisión en grado de consulta ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Esta instancia de segunda jerarquía será la encargada de valorar los argumentos de la defensa y resolver si confirma, revoca o modifica la medida punitiva dictada contra los jefes de ambas carteras.
El pronunciamiento ha generado un amplio debate institucional en el país sobre la obligatoriedad del cumplimiento estricto de las sentencias de tutela por parte de los servidores públicos. Se espera que en las próximas horas los apoderados del Ministerio de Trabajo y del SENA alleguen las pruebas de cumplimiento ante la corporación judicial para buscar dejar sin efecto la orden de arresto.
