Ordenan a la Iglesia católica entregar archivos sobre denuncias de pederastia clerical
La Corte Constitucional ratificó la Sentencia SU-184 de 2025 que obliga a la Iglesia a entregar expedientes sobre pederastia con miles de sacerdotes
La Sala Plena de la Corte Constitucional tomó una decisión trascendental al desestimar de manera definitiva los recursos de nulidad inter puestos por la Conferencia Episcopal de Colombia y múltiples diócesis del país. Con este fallo inapelable, el alto tribunal dejó firme la Sentencia SU-184 de 2025, ratificando la obligación de la institución eclesiástica de hacer públicos y entregar sus archivos reservados.
La determinación judicial marca un hito histórico en la lucha contra el abuso sexual infantil dentro de las estructuras religiosas del país. La medida ordena la entrega formal de todos los expedientes disciplinarios y canonicos referentes a denuncias interpuestas contra clérigos por presuntos actos de pederastia, garantizando así el acceso a la verdad y el derecho a la información de las víctimas y la ciudadanía.
Organizaciones de derechos humanos y el equipo de periodistas de investigación que lideró esta intensa batalla jurídica celebraron la decisión de la alta corte. De acuerdo con las proyecciones y estimaciones analizadas durante el proceso judicial, estos archivos desclasificados podrían contener información valiosa e identidades de hasta 4.000 sacerdotes señalados por conductas punibles en diversas regiones.
Con este fallo definitivo, la justicia constitucional deja en claro que la reserva institucional ni el fuero eclesiástico pueden sobreponerse al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, ni a las garantías de no repetición. Las diócesis implicadas deberán proceder con la entrega de la documentación requerida ante las autoridades judiciales y los solicitantes en los plazos legales establecidos.
La histórica ratificación abre la puerta para que la Fiscalía General de la Nación y la opinión pública avancen en el esclarecimiento de hechos que permanecieron archivados por décadas. La comunidad internacional y los sectores defensores de los derechos de la infancia permanecen atentos al cumplimiento de esta orden constitucional que busca poner fin a la impunidad.
