ONU alerta por reclutamiento de menores y amenazas contra líderes sociales en Nariño.
El informe anual de Derechos Humanos de Naciones Unidas advierte sobre el fortalecimiento de grupos armados ilegales, el control territorial .
Pasto, Nariño. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, las amenazas contra líderes sociales y la expansión de nuevas dinámicas de control territorial mantienen en alerta a las comunidades de Nariño. Así lo advierte el informe anual de 2025 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que identifica avances en materia de protección, pero también importantes desafíos para garantizar los derechos fundamentales en el departamento.
En declaraciones a Caracol Radio, Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, se refirió a la situación que enfrentan las comunidades de la costa pacífica nariñense, donde persisten el temor, las restricciones a la movilidad y las dificultades para denunciar las vulneraciones de derechos humanos.
Según el organismo internacional, grupos armados no estatales continúan ejerciendo presión sobre la población civil mediante amenazas, homicidios, extorsiones, reclutamiento de menores, violencia sexual y privaciones de la libertad.
Reclutamiento infantil y nuevas estructuras armadas
Uno de los principales motivos de preocupación es el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales. Campbell advirtió que las redes sociales estarían siendo utilizadas como mecanismo para contactar y captar a niños, niñas y adolescentes.
El informe también señala una transformación del conflicto armado en Nariño, caracterizada por la aparición de nuevas estructuras, entre ellas las autodenominadas Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), y por el fortalecimiento de mecanismos de control social y territorial.
Estas acciones estarían afectando la autonomía de las autoridades étnicas, la libertad de movimiento de las comunidades y el ejercicio de la justicia propia indígena. Además, se reportan presiones contra líderes sociales, organizaciones campesinas y juntas de acción comunal, en un contexto que dificulta las denuncias y la participación comunitaria.
Alertan sobre riesgos para las comunidades
Naciones Unidas también manifestó preocupación por las condiciones de participación de las comunidades en los diálogos regionales de paz y en las discusiones relacionadas con posibles distritos mineros en el departamento.
El organismo considera necesario garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, así como prevenir posibles afectaciones derivadas de la minería ilegal, la venta forzada de tierras y los daños a las fuentes hídricas.
En materia educativa, el informe advierte sobre el uso de escuelas por parte de grupos armados no estatales y los enfrentamientos que han ocasionado interrupciones de clases y puesto en riesgo a estudiantes, docentes y comunidades educativas.
A estas situaciones se suman reportes de explotación sexual y trata de personas atribuidos a integrantes de estructuras armadas ilegales.
Reconocen avances en los diálogos territoriales de paz
Pese a las alertas, el informe destaca avances relacionados con los procesos de diálogo impulsados por la Gobernación de Nariño con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y los Comuneros del Sur.
De acuerdo con el balance citado, estas iniciativas han contribuido a reducir los casos de desplazamiento y confinamiento atribuidos a grupos armados no estatales. También se resaltan acciones relacionadas con la destrucción de armamento, el desminado humanitario y la búsqueda de personas desaparecidas.
A nivel nacional, Naciones Unidas reconoce una mayor cooperación institucional con los mecanismos internacionales de derechos humanos y registra una disminución significativa de algunos indicadores de criminalidad, incluidos los homicidios y feminicidios.
El desafío de proteger a la población civil
El panorama descrito por Naciones Unidas refleja los retos que enfrenta Nariño para avanzar hacia una paz territorial que se traduzca en garantías concretas para sus habitantes.
La prevención del reclutamiento infantil, la protección de los líderes sociales, el respeto por la autonomía de las comunidades étnicas y el fortalecimiento de las garantías de seguridad siguen siendo asuntos prioritarios.
Aunque los diálogos territoriales representan avances, el organismo internacional advierte que persisten riesgos que requieren respuestas institucionales efectivas para evitar que la población civil continúe soportando las consecuencias del conflicto armado.
