ONG y defensores de paz piden blindar la implementación del Acuerdo de 2016 a diez años
Ante las alertas por recortes presupuestales y retrasos institucionales, las organizaciones civiles reclaman garantías para la estabilización territorial.

Al cumplirse una década de la suscripción del Acuerdo Final de Paz, diversas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la reconciliación y el desarrollo rural manifestaron su inquietud frente a los desafíos financieros y operativos que enfrenta su implementación. Las alertas coinciden con los recientes pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, que advirtió sobre retrasos institucionales y recortes presupuestales que afectan programas clave en los municipios más golpeados por el conflicto.
Durante foros académicos y encuentros comunitarios realizados esta semana, voceros de distintas ONG señalaron que la reducción de recursos para la reforma rural integral, la sustitución voluntaria de cultivos y la reincorporación económica pone en riesgo los avances alcanzados durante los últimos diez años. Además, expresaron preocupación por las tensiones en torno al alcance del mandato de las misiones internacionales de verificación y el recrudecimiento de las confrontaciones armadas en corredores
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