Nueva Ley de Sometimiento cambia el rumbo de la paz en Colombia y genera incertidumbre

La aprobación de la normativa se produjo el pasado 3 de noviembre, con mayorías en ambas cámaras del Congreso. A partir de este nuevo marco jurídico, los grupos armados deberán demostrar su voluntad de abandonar las actividades ilegales, entregar las armas, colaborar con las autoridades y contribuir a la reparación de las víctimas.

¿Qué pasará con los avances alcanzados en Nariño?

Aunque los procesos de diálogo con estas organizaciones fueron clausurados antes de la aprobación de la nueva ley, durante su desarrollo se habían conseguido algunos resultados que ahora generan interrogantes sobre su continuidad.

En el caso de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Gobierno dio por terminado el espacio de negociación mediante la Resolución 346 del 28 de agosto de 2026. Posteriormente, el proceso con Comuneros del Sur fue cerrado a través de la Resolución Ejecutiva 365 del 3 de septiembre del mismo año.

Uno de los principales resultados atribuidos a los acercamientos con la CNEB fue la entrega y destrucción de más de 14 toneladas de material de guerra durante 2025. Además, en junio de 2026, un grupo de 99 integrantes ingresó a una Zona de Ubicación Temporal como parte de su tránsito hacia la legalidad.

Otro de los compromisos contemplaba impulsar la sustitución voluntaria de 30.000 hectáreas de cultivos de coca en Nariño y Putumayo, de las cuales 15.000 corresponderían al territorio nariñense.

También se habían planteado iniciativas de desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas y proyectos para impulsar la transformación económica y social de las comunidades afectadas por el conflicto.

Las nuevas condiciones para los grupos armados

Con la entrada en funcionamiento del nuevo modelo, los integrantes de organizaciones criminales tendrán que cumplir una serie de requisitos para obtener beneficios judiciales. Entre ellos están abandonar las economías ilegales, suministrar información sobre las estructuras armadas, entregar bienes para reparar a las víctimas y contribuir a esclarecer los hechos violentos.

La normativa contempla penas mínimas de diez años de prisión efectiva para los cabecillas y seis años para quienes hayan desempeñado funciones de colaboración, siempre bajo las condiciones establecidas en la ley.

Asimismo, se incluyen mecanismos de reintegración y transformación territorial con participación de entidades estatales como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y el SENA.

El desafío para Nariño

Uno de los principales interrogantes que deja esta transformación de la política de seguridad es qué ocurrirá con los compromisos adquiridos durante los anteriores procesos de diálogo.

La sustitución de cultivos ilícitos, los proyectos productivos, el desminado, la reincorporación de excombatientes y la búsqueda de desaparecidos siguen siendo necesidades fundamentales para numerosas comunidades de Nariño.

Por eso, el reto de las autoridades no estará únicamente en conseguir que las organizaciones armadas abandonen las armas, sino también en garantizar que los avances territoriales no queden abandonados y que las comunidades no vuelvan a quedar expuestas a la violencia, las disputas entre grupos ilegales y el control de las economías ilícitas.

El nuevo escenario plantea un desafío para el departamento: encontrar mecanismos que permitan mantener los compromisos sociales alcanzados y avanzar hacia condiciones de seguridad y estabilidad para las poblaciones históricamente afectadas por el conflicto armado.