Nariño baja de categoría fiscal para 2027.
La decisión quedó consignada en el Decreto 297 del 5 de octubre de 2026, firmado por el gobernador encargado, Fredy Andrés Gámez Castrillón.
Nariño acaba de tomar una decisión que merece la atención de los ciudadanos. Mediante el Decreto 297 del 5 de octubre de 2026, la Gobernación determinó que el departamento pasará a segunda categoría fiscal para 2027.
¿Y eso qué significa en palabras sencillas? Que el departamento no alcanzó los ingresos de libre destinación exigidos para mantenerse en primera categoría, según los datos citados en el decreto.
Aquí aparece el primer dato que hay que mirar con atención. La certificación mencionada en el documento reporta ingresos corrientes de libre destinación por $230.575 millones y gastos de funcionamiento equivalentes al 39,19 % de esos ingresos.
Pero, más allá de las cifras, ¿qué le importa esto a un ciudadano que espera mejores vías, hospitales con capacidad de atención, programas sociales y oportunidades de empleo?
La preocupación está en cómo se administra la plata pública y cuánto queda para atender las necesidades del departamento.
¿La Gobernación podrá gastar más en su funcionamiento?
La Ley 617 de 2000 establece que los departamentos de primera categoría pueden destinar hasta el 55 % de sus ingresos corrientes de libre destinación a gastos de funcionamiento. Para los de segunda categoría, el límite es del 60 %.
En términos sencillos, al pasar a segunda categoría, el techo legal aumenta cinco puntos porcentuales.
Eso no significa que la Gobernación vaya a gastar automáticamente más dinero. Tampoco demuestra que haya contratado más funcionarios. Significa que la ley le permite un margen mayor para financiar el funcionamiento de la administración.
Y aquí surge una pregunta legítima: ¿ese margen adicional se necesita para atender obligaciones reales o podría terminar convertido en más presión sobre las finanzas públicas?
Para responder se necesita revisar el presupuesto, la nómina y los gastos efectivamente ejecutados.
¿Subirán o bajarán los salarios de los funcionarios?
La nueva categoría también puede influir en los límites salariales de algunas autoridades departamentales. Sin embargo, no significa que todos los empleados públicos tengan un aumento o una reducción automática.
Los salarios de los funcionarios dependen de las normas aplicables a cada cargo y de los actos administrativos correspondientes. Por eso, es necesario conocer las escalas salariales que regirán en 2027 antes de calcular cuánto podría cambiar la remuneración de los principales funcionarios.
La ciudadanía tiene derecho a conocer esas cifras, especialmente cuando se trata de recursos públicos.
¿Está en riesgo la inversión social?
Ese es el punto que merece mayor vigilancia, aunque el decreto, por sí solo, no demuestra que vaya a haber recortes.
Cuando una administración compromete una parte importante de sus ingresos en nómina y otros gastos permanentes, tiene menos flexibilidad para responder a nuevas necesidades. Si, además, sus ingresos no crecen, mantener las obligaciones existentes puede volverse cada vez más difícil.
Por eso hay que revisar cuánto dinero se destinará en 2027 a inversión, cuánto costará mantener la administración y qué recursos estarán realmente disponibles para obras y programas sociales.
No basta con conocer cuánto puede gastar legalmente el departamento. También hay que saber cuánto gasta, en qué lo gasta y qué resultados obtiene.
La pregunta que debe responder la Gobernación
La clasificación fiscal no es, por sí sola, una prueba de mala administración. Pero tampoco debería pasar inadvertida.
La Gobernación debe explicar por qué los ingresos certificados no alcanzaron el umbral de primera categoría, cómo evolucionaron las finanzas departamentales y qué consecuencias concretas tendrá la decisión sobre los salarios de las autoridades, los gastos de funcionamiento y la inversión prevista para 2027.
Porque al ciudadano no le basta con saber en qué categoría quedó Nariño. Necesita saber si la plata alcanza, si se está administrando bien y si habrá recursos suficientes para atender las necesidades de los municipios.
La discusión de fondo no es solamente de categorías. Es de prioridades, transparencia y resultados.
Nariño necesita una administración capaz de sostener su funcionamiento sin perder de vista lo esencial: que los recursos públicos deben traducirse en mejores servicios, oportunidades y calidad de vida para sus habitantes.
Fuente: Oficina jurídica de la Gobernación de Nariño
