NARIÑO APRIETA EL CINTURÓN, PERO LA CAMIONETA OFICIAL CUESTA $853 MILLONES

En un departamento que pasará de primera a segunda categoría fiscal en 2027, la discusión no es solamente cuánto cuesta la camioneta, sino si era el momento y la inversión más conveniente.

En Nariño, las cuentas públicas están bajo una presión que obliga a mirar con lupa cada decisión presupuestal. La próxima vigencia traerá un cambio importante para el departamento: su paso de primera a segunda categoría fiscal, una situación que vuelve a poner sobre la mesa la capacidad de generar ingresos propios y la necesidad de administrar con mayor rigor los recursos públicos.

En ese escenario, una cifra ha despertado controversia: $853 millones, el valor que se ha señalado públicamente por la adquisición de una camioneta oficial destinada al gobernador Luis Alfonso Escobar.

La discusión va mucho más allá de un vehículo. Se trata de establecer cuáles son las prioridades de una administración que debe responder a necesidades históricas de infraestructura, conectividad, salud, educación y desarrollo rural, mientras enfrenta el desafío de fortalecer sus finanzas.

La seguridad de un gobernador es una responsabilidad institucional. Nariño tiene condiciones geográficas y de orden público que hacen necesario garantizar desplazamientos seguros para su primera autoridad. Sin embargo, esa necesidad no elimina la obligación de justificar técnicamente el costo de la solución escogida.

¿Era indispensable invertir $853 millones? ¿Se estudiaron otras alternativas de movilidad y protección? ¿Qué características especiales tiene el vehículo? ¿Existían automotores oficiales que pudieran cumplir esa función? ¿Cuál fue el análisis económico que llevó a escoger esa adquisición?

Son preguntas legítimas que la administración departamental debería responder con documentos, estudios y argumentos verificables.

El cambio de categoría obliga a revisar las prioridades

La recategorización fiscal de Nariño para 2027 no significa que el departamento esté en quiebra ni que tenga prohibido realizar inversiones de alto valor. Pero sí constituye un llamado de atención sobre la importancia de fortalecer los ingresos corrientes de libre destinación y mantener una gestión presupuestal responsable.

En ese contexto, el debate planteado por el diputado Fabio Zarama ante la Asamblea Departamental adquiere relevancia. Su cuestionamiento pone en discusión la coherencia entre el discurso de disciplina financiera y las decisiones concretas de gasto.

Porque la austeridad pública no puede medirse únicamente por el cumplimiento de los límites legales de funcionamiento. También debe evaluarse por la pertinencia, proporcionalidad y oportunidad de cada inversión.

¿Qué representan $853 millones para Nariño?

La pregunta sobre el costo de la camioneta tiene una dimensión adicional: el costo de oportunidad.

Cada peso comprometido por el Estado debe responder a una necesidad identificada y a una justificación que pueda ser conocida por la ciudadanía. En un departamento donde todavía existen vías rurales en condiciones deficientes, necesidades de infraestructura educativa, dificultades de acceso a servicios y demandas sociales insatisfechas, resulta inevitable preguntarse si una adquisición de semejante cuantía era la prioridad.

No significa que esos recursos, por sí solos, hubieran resuelto los problemas estructurales de Nariño. Significa que las decisiones presupuestales deben demostrar que responden al interés general y que no existían opciones más eficientes para atender la misma necesidad.

La administración departamental tiene la oportunidad de despejar las dudas: publicar los estudios previos, explicar las características técnicas del automotor, detallar los costos del blindaje y los equipos de seguridad, presentar las alternativas evaluadas y justificar por qué se escogió esa opción.

La confianza también se administra

Nariño necesita inversiones, pero también necesita confianza. Y esa confianza se construye cuando las autoridades explican sus decisiones, muestran resultados y demuestran que el dinero público se administra con criterios de responsabilidad.

Una camioneta oficial puede tener una justificación de seguridad. Lo que no puede quedar sin explicación es la proporcionalidad de su costo frente a las condiciones económicas y sociales del departamento.

En tiempos en que se exige mayor disciplina fiscal, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace adquiere especial importancia.

La pregunta de fondo sigue vigente: ¿era esta una inversión indispensable para Nariño o existían alternativas más económicas que garantizaran la misma seguridad? Los nariñenses tienen derecho a conocer la respuesta.