Nariño ante el ajuste fiscal: hogares, finanzas públicas y proyectos en el centro

La discusión sobre el proyecto de Ley de Rescate Económico presentado por el Gobierno nacional ha despertado inquietudes por sus posibles consecuencias en la economía de los colombianos, especialmente en los hogares de menores ingresos y la clase media.

La iniciativa contempla cambios tributarios que podrían entrar en vigencia a partir de 2028. Entre ellos se encuentra la aplicación del IVA del 19 % a determinados productos de consumo cotidiano, como fríjoles, lentejas y algunos quesos, además de modificaciones a los beneficios tributarios de otros alimentos.

Aunque el Gobierno plantea mecanismos de devolución del impuesto para millones de personas en condición de pobreza, el debate gira alrededor de la capacidad real de estas compensaciones para proteger el presupuesto familiar.

El impacto económico también preocupa a Nariño

Uno de los puntos centrales de la discusión es la situación de los departamentos con mayores dificultades económicas y sociales. Nariño enfrenta importantes desafíos relacionados con la pobreza, la ruralidad, la conectividad y los costos de transporte, factores que pueden aumentar el impacto de cualquier modificación tributaria sobre sus habitantes.

En municipios como Pasto, Ipiales y Tumaco, las familias deben distribuir sus ingresos entre alimentación, vivienda, servicios públicos y transporte. Por esta razón, cualquier incremento en el precio de los productos básicos podría representar una carga adicional para sus economías.

A esta situación se suma el panorama financiero de la Gobernación de Nariño, que pasaría de primera a segunda categoría fiscal en 2027. Según las cifras expuestas en el análisis, el departamento registró durante 2025 ingresos corrientes de libre destinación equivalentes a 161.978 salarios mínimos, por debajo de los 170.000 requeridos para conservar la categoría anterior.

Cuestionamientos sobre la gestión pública

El análisis también plantea interrogantes sobre las decisiones administrativas y financieras adoptadas durante los últimos años, tanto en el ámbito nacional como departamental.

En el caso de Nariño, se cuestionan los cambios y encargos en la Secretaría de Hacienda durante 2025, así como el crecimiento de los contratos de prestación de servicios en la administración departamental.

De acuerdo con las cifras mencionadas en la columna, estos contratos habrían pasado de 2.780 en 2024 a cerca de 6.000 en 2026. Esta situación abre el debate sobre la eficiencia del gasto público, la estabilidad laboral de los contratistas y los resultados concretos de la gestión institucional.

Proyectos regionales y recursos para el desarrollo

Otro aspecto importante es la participación de Nariño en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

Durante el encuentro regional denominado «El Pacífico Propone», realizado en Cali, se discutieron iniciativas para impulsar el desarrollo de los departamentos de esta zona del país.

Según el portafolio preliminar presentado por el Departamento Nacional de Planeación, Nariño tendría ocho proyectos identificados con una inversión indicativa de 4,60 billones de pesos. Cauca también contaría con ocho iniciativas, por 9,52 billones, mientras que Valle del Cauca registraría 32 proyectos por 28,53 billones de pesos.

Estas cifras todavía no representan recursos garantizados, pero permiten abrir una discusión sobre la distribución de las inversiones y el papel que tendrá Nariño dentro de las prioridades del Gobierno nacional.

El reto de convertir las propuestas en resultados

El principal desafío para las autoridades regionales será lograr que los proyectos anunciados se traduzcan en obras, inversiones y soluciones concretas para las comunidades.

La articulación entre la Gobernación, los congresistas, las alcaldías y el Gobierno nacional será fundamental para gestionar recursos y atender las necesidades históricas del departamento.

La discusión sobre el ajuste fiscal no solamente debe centrarse en cómo aumentar los ingresos del Estado, sino también en revisar el manejo de los recursos públicos, establecer responsabilidades y garantizar que las decisiones económicas no terminen afectando principalmente a las familias que tienen menor capacidad de pago.

El llamado de fondo es que Nariño fortalezca su gestión financiera, defienda sus prioridades ante el Gobierno nacional y consiga que los compromisos institucionales se conviertan en resultados visibles para sus habitantes.