Ministra de Cultura Paola Holguín reconoce que no obtuvo el título de maestría y responde

La funcionaria explicó que cursó y aprobó todas las asignaturas del programa de posgrado y que también presentó y aprobó su trabajo de grado. Sin embargo, aclaró que, pese a haber cumplido con esas actividades académicas, no obtuvo formalmente el título universitario.

La polémica tomó fuerza después de que la senadora Jennifer Pedraza solicitara información a la institución educativa para verificar los estudios de la ministra. En su respuesta, la universidad confirmó que Holguín es egresada del programa de Comunicación Social y Periodismo, pero precisó que no le otorgó el título de la Maestría en Estudios Políticos.

La UPB también reconoció que una publicación institucional anterior había generado confusión al presentar a la funcionaria como egresada de ese programa de maestría. La institución aclaró posteriormente su situación académica y asumió la responsabilidad por la información difundida.

Ante los señalamientos, Holguín publicó documentos relacionados con sus estudios y defendió su trayectoria. La ministra insistió en que aprobó las materias y el trabajo de grado, aunque reconoció que no se graduó. De esta manera, distinguió entre haber cursado y aprobado un programa académico y contar con el título que acredita formalmente su culminación.

Cuestionamientos sobre su gestión en el Ministerio de Cultura

La funcionaria también aprovechó su pronunciamiento para responder a las críticas sobre su desempeño al frente de la cartera cultural. Holguín señaló que su gestión, que para ese momento completaba aproximadamente dos meses, debía analizarse teniendo en cuenta las dificultades administrativas y financieras que, según afirmó, encontró al asumir el cargo.

Entre los aspectos mencionados, hizo referencia a obligaciones económicas heredadas por cerca de 185.000 millones de pesos, así como a problemas administrativos y a la estructura de personal de la entidad.

La controversia mantiene el debate sobre la transparencia de las hojas de vida de los funcionarios públicos y la importancia de diferenciar entre los estudios cursados, los programas aprobados y los títulos efectivamente obtenidos.

El caso también pone de relieve la responsabilidad de las instituciones y de las entidades públicas al divulgar información sobre la formación académica de quienes ocupan cargos de alto nivel en el Estado.