Más de mil mineros salieron de Ataco tras operativo

Más de 1.000 personas que se dedicaban a la extracción ilegal de oro abandonaron el municipio de Ataco, Tolima, luego de un operativo de desalojo realizado por la Fuerza Pública y diferentes entidades del Estado en las riberas de los ríos Saldaña y Atá. La intervención tuvo como propósito recuperar el control de estos sectores y frenar las actividades de explotación aurífera que se desarrollaban sin autorización.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó que las personas vinculadas a esta actividad salieron del territorio después del despliegue institucional. Según explicó, las autoridades adelantaron las acciones necesarias para intervenir los puntos donde se encontraba maquinaria utilizada en la extracción de minerales y donde se realizaban trabajos de minería ilegal.

Amenazas y explosivos 

El procedimiento estuvo acompañado por integrantes de la Fuerza Pública y organismos estatales. Sin embargo, durante el desarrollo de la operación se presentaron situaciones de riesgo para los uniformados y funcionarios que participaban en el desalojo.

De acuerdo con lo informado por la mandataria departamental, las autoridades enfrentaron intimidaciones y ataques con explosivos, hechos que fueron atribuidos a las disidencias de las FARC con presencia en esta región del Tolima.

Pese al complejo panorama de seguridad, el operativo terminó sin personas lesionadas. La gobernadora destacó que, a pesar de las amenazas registradas durante la intervención, se logró concretar la salida de quienes ocupaban los sectores intervenidos para desarrollar actividades de extracción de oro sin los respectivos permisos.

Daños ambientales

Aunque la salida de más de mil mineros fue presentada como un resultado de la intervención, la gobernadora advirtió que la situación todavía requiere atención por parte de las autoridades. La minería ilegal continúa representando un problema para Ataco, especialmente por las consecuencias que deja sobre los recursos naturales y las fuentes hídricas.

Uno de los principales motivos de preocupación está relacionado con el deterioro ambiental en las riberas de los ríos Saldaña y Atá. Según Matiz, las afectaciones ocasionadas por estas actividades son incalculables, debido a la intervención que han sufrido estos ecosistemas por cuenta de la explotación aurífera no autorizada.

Ahora, las autoridades deberán mantener los controles en la zona para evitar el regreso de los mineros y la reactivación de estas labores. También será necesario avanzar en la evaluación de los daños ambientales y las acciones que permitan proteger los afluentes.

La situación de Ataco continúa bajo atención institucional, pues el desafío no se limita al desalojo de las personas que participaban en la explotación ilegal, sino también a impedir que estas actividades vuelvan a instalarse en el territorio.