los más altos niveles de mando militar,a la expansión nacional de los falsos positivos.
La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que los asesinatos y desapariciones forzadas perpetrados por integrantes de diversas unidades militares.

La JEP identifica a diez generales retirados del Ejército como máximos responsables por su contribución, desde los más altos niveles de mando militar, a la expansión nacional de los ‘falsos positivos’ entre 2005 y 2008- La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que los asesinatos y desapariciones forzadas perpetrados por integrantes de diversas unidades militares ocurrieron a lo largo de todo el país como parte de un patrón de conducta sistemático y generalizado que causó miles de víctimas.
- La Sala pudo esclarecer judicialmente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que, entre enero de 2002 y diciembre de 2008, 2.702 personas fueron asesinadas para ser presentadas falsamente como bajas en combate. Estos crímenes ocurrieron en 1.625 hechos y dejaron 44 personas sobrevivientes. De ese total, 2.077 víctimas y 34 sobrevivientes corresponden al periodo comprendido entre 2005 y 2008.
- La Sala individualizó como máximos responsables de la escala nacional de este fenómeno criminal a 10 generales del Ejército Nacional, un ex comandante del Ejército, un Inspector General, a quien comandó el Comando Conjunto Caribe y a siete generales retirados comandantes de división.
- La Sala de Reconocimiento llamó a reconocer responsabilidad a un general, cinco mayores generales y un brigadier general. Asimismo, remitió a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) los procesos de otros tres oficiales retirados —dos generales y un mayor general—, tras valorar sus actuaciones procesales previas, en las que manifestaron que no reconocerían responsabilidad.
- Los diez comparecientes fueron identificados como máximos responsables por su contribución, desde los comandos de división, el Comando Conjunto Caribe, la Inspección General y la Comandancia del Ejército, a la expansión y consolidación del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, entre 2005 y 2008.
- Para adoptar esta decisión, la Sala de Reconocimiento realizó un análisis integral de los hallazgos de los subcasos territoriales de este macrocaso y contrastó la información con documentación operacional, de inteligencia, administrativa y de mando de las estructuras militares a las que estuvieron vinculados los generales llamados a reconocer responsabilidad.
- El Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP documentó 7.961 víctimas con nombre propio entre 1990 y 2016 a partir de la integración y depuración de todas las bases de datos oficiales y no gubernamentales disponibles, de los 1.018 informes entregados a la JEP, de las 801 versiones voluntarias y la evidencia acopiada durante 7 años de investigación.
- La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que los asesinatos y desapariciones forzadas perpetrados por integrantes de diversas unidades militares ocurrieron a lo largo de todo el país como parte de un patrón de conducta sistemático y generalizado que causó miles de víctimas.
- La Sala pudo esclarecer judicialmente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que, entre enero de 2002 y diciembre de 2008, 2.702 personas fueron asesinadas para ser presentadas falsamente como bajas en combate. Estos crímenes ocurrieron en 1.625 hechos y dejaron 44 personas sobrevivientes. De ese total, 2.077 víctimas y 34 sobrevivientes corresponden al periodo comprendido entre 2005 y 2008.
- La Sala individualizó como máximos responsables de la escala nacional de este fenómeno criminal a 10 generales del Ejército Nacional, un ex comandante del Ejército, un Inspector General, a quien comandó el Comando Conjunto Caribe y a siete generales retirados comandantes de división.
- La Sala de Reconocimiento llamó a reconocer responsabilidad a un general, cinco mayores generales y un brigadier general. Asimismo, remitió a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) los procesos de otros tres oficiales retirados —dos generales y un mayor general—, tras valorar sus actuaciones procesales previas, en las que manifestaron que no reconocerían responsabilidad.
- Los diez comparecientes fueron identificados como máximos responsables por su contribución, desde los comandos de división, el Comando Conjunto Caribe, la Inspección General y la Comandancia del Ejército, a la expansión y consolidación del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, entre 2005 y 2008.
- Para adoptar esta decisión, la Sala de Reconocimiento realizó un análisis integral de los hallazgos de los subcasos territoriales de este macrocaso y contrastó la información con documentación operacional, de inteligencia, administrativa y de mando de las estructuras militares a las que estuvieron vinculados los generales llamados a reconocer responsabilidad.
- El Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP documentó 7.961 víctimas con nombre propio entre 1990 y 2016 a partir de la integración y depuración de todas las bases de datos oficiales y no gubernamentales disponibles, de los 1.018 informes entregados a la JEP, de las 801 versiones voluntarias y la evidencia acopiada durante 7 años de investigación.




