La Red de Veedurías alerta sobre cobros desproporcionados en el suministro de carburantes

La Red de Veedurías de Colombia interpuso una denuncia penal y disciplinaria contra la Resolución 01937 del 27 de octubre de 2026

Mediante la cual el Gobierno nacional consolidó el nuevo Plan de Abastecimiento de Combustibles Líquidos para el departamento de Nariño. De acuerdo con la organización fiscalizadora, la norma incurre en presuntas irregularidades al extender subsidios y compensaciones de transporte terrestre a la planta de Petronar en Chachagüí, un beneficio que la Ley 191 de 1995 reserva exclusivamente para Pasto por su condición de capital fronteriza.

El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos Sánchez, advirtió que el esquema aprobado genera un doble perjuicio económico para la región. Por un lado, el Estado financia con recursos públicos el flete terrestre desde Yumbo (Valle del Cauca) hasta Chachagüí sin el debido soporte legal. Por el otro, se traslada a los usuarios finales el costo del tramo comprendido entre dicha planta y las estaciones de servicio, fijado en 93,65 pesos por galón para el corte de octubre de 2026. Esta medida impacta directamente a los consumidores de nueve municipios reconectados a la planta de Chachagüí: La Florida, Consacá, El Peñol, El Tambo, Sandoná, Yacuanquer, Nariño, Ancuyá y Linares.

La denuncia también expone una marcada asimetría regulatoria frente a la terminal marítima de Tumaco. En dicho puerto, el transporte por cabotaje sí se carga a la estructura de precios al consumidor con tarifas de 1.393,38 pesos por galón de gasolina corriente y 1.388,08 pesos para ACPM, excluyéndolo de las compensaciones otorgadas al transporte terrestre. Según el gremio demandante, la resolución carece de los estudios económicos previos que justifiquen el abastecimiento prioritario mediante carrotanques desde Yumbo en lugar de optimizar la infraestructura certificada de Tumaco. Ante este escenario, la Red de Veedurías anunció formalmente el traslado del caso a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República, mientras que las autoridades del sector y las directivas de la planta Petronar aún no han emitido pronunciamientos oficiales.