La negociación del salario mínimo de 2027 arranca con propuestas entre el 8 % y el 38,5 %
Empresarios, Gobierno y sindicatos inician el debate por el salario mínimo 2027 con posturas muy distantes entre el 8 % y el 38,5 % de incremento.
La mesa de concertación laboral en Colombia se prepara para iniciar la próxima semana uno de los debates económicos más sensibles del cierre de año: la fijación del salario mínimo que regirá en 2027. El punto de partida evidencia una marcada polarización entre los actores, con planteamientos que oscilan entre un ajuste del 8 % y una aspiración máxima del 38,5 %, lo que representa una distancia monetaria de entre $140.000 y $670.000 pesos mensuales para cerca de 2,4 millones de trabajadores formales que devengan esta remuneración.
El choque de enfoques económicos La discusión vuelve a enfrentar dos visiones tradicionales sobre la política salarial en el país. Por un lado, el sector empresarial aboga por la ortodoxia técnica, exigiendo que la cifra final responda estrictamente a la fórmula de inflación causada más productividad laboral. Por otro, las centrales obreras impulsan un salto sustancial con el argumento de cerrar la brecha frente al concepto de salario mínimo vital, buscando recuperar y ampliar el poder adquisitivo de los hogares frente al costo de vida.
Posiciones clave en la mesa
La postura de los comerciantes: Desde Fenalco, su presidente Jaime Alberto Cabal fijó un techo técnico al advertir que el incremento no debería superar el 9 %. El dirigente gremial insistió en la necesidad de retomar metodologías de cálculo objetivas para evitar presiones inflacionarias adicionales y proteger la generación de empleo formal en el sector comercio.
La reivindicación sindical: Los representantes de los trabajadores sostienen que los ajustes moderados resultan insuficientes para cubrir la canasta básica familiar, justificando así propuestas de doble dígito que superan ampliamente el pronóstico de precios.
El impacto macroeconómico: Más allá del bolsillo de los 2,4 millones de asalariados directos, la cifra que se acuerde —o se decrete— servirá de referencia para el ajuste de múltiples bienes, servicios, multas y aportes a la seguridad social, convirtiendo la concertación en una prueba de fuego para el equilibrio entre el bienestar social y la sostenibilidad empresarial en 2027.
