La Guajira plantea un nuevo reto para medir la atención en salud en Colombia
La Guajira evidencia por qué Colombia debe medir no solo las atenciones médicas, sino también si los pacientes logran completar sus tratamientos.

La situación de salud en La Guajira vuelve a poner sobre la mesa un desafío para Colombia: determinar si las acciones del sistema sanitario garantizan efectivamente el derecho a la salud de la población. Más allá de contabilizar consultas, afiliaciones, recursos invertidos y visitas domiciliarias, el reto consiste en comprobar si las personas reciben atención continua y logran resolver sus necesidades.
En una columna publicada por La Silla Vacía, la médica pediatra e investigadora Iliana Curiel Arismendy sostiene que las estadísticas tradicionales son necesarias, pero no suficientes para establecer si se está garantizando este derecho. Una persona puede estar afiliada al sistema y no conseguir una cita, o recibir una valoración médica sin obtener el seguimiento requerido.
Las dificultades para dar continuidad a la atención
Durante una inspección judicial en La Guajira, la Corte Constitucional identificó dificultades relacionadas con el seguimiento de pacientes, las barreras de movilidad y la atención insuficiente en algunas comunidades. También encontró problemas de coordinación entre entidades promotoras de salud (EPS), lo que puede dificultar la continuidad de los tratamientos.
Ante estos hallazgos, el Auto 1304 de 2026 estableció medidas para fortalecer la gestión del riesgo y la continuidad de la atención. Entre las acciones contempladas se encuentra el seguimiento de las necesidades identificadas, los medicamentos y remisiones requeridos, los responsables de cada caso y los resultados obtenidos.
Los equipos de salud deben evaluarse por sus resultados
La atención primaria y los equipos que visitan los hogares se han convertido en una estrategia para acercar los servicios médicos a las comunidades. Según cifras del Ministerio de Salud citadas en la columna, para junio de 2026 el país reportaba 10.983 equipos básicos de salud y 1.006 equipos de especialistas en los 32 departamentos.
La inversión proyectada para esta estrategia era de 6,87 billones de pesos, mientras que más de 10,9 millones de familias habían recibido atención directa en sus hogares.
Sin embargo, la evaluación no debería limitarse al número de equipos desplegados o de familias visitadas. También es necesario establecer si las personas identificadas con riesgos recibieron tratamiento, si las remisiones se concretaron y si las barreras de transporte y acceso fueron superadas.
Una lección para todo el país
Aunque las condiciones geográficas y sociales de La Guajira tienen particularidades, los problemas de acceso y coordinación también pueden presentarse en otros territorios colombianos, como las zonas rurales, las comunidades amazónicas y las poblaciones dispersas del Pacífico.
Por ello, la atención debe organizarse de acuerdo con las necesidades de cada región. En algunas comunidades será indispensable fortalecer los equipos extramurales, mientras que en otras las prioridades pueden estar relacionadas con el transporte, la disponibilidad de servicios o la articulación entre instituciones.
La reflexión central es que medir la cobertura no equivale a demostrar que el derecho a la salud está garantizado. Para evaluar los resultados del sistema, Colombia necesita conocer qué sucede desde que se identifica una necesidad médica hasta que se resuelve, o detectar en qué momento se interrumpe la atención.
Fuente: La silla vacia




