La DEA tendió una trampa a siete presuntos narcotraficantes en Colombia
Una investigación conjunta entre la DEA, la Fiscalía y el Ejército permitió reunir pruebas contra siete personas requeridas en extradición por Estados Unidos

La estrategia incluyó entregas controladas de cocaína y operaciones con dinero por cerca de 676.838 dólares.
Una operación coordinada entre autoridades colombianas y estadounidenses permitió la captura de siete personas señaladas de integrar una red de narcotráfico internacional. El procedimiento, denominado Operación Castillo, se desarrolló en diferentes ciudades del país y buscaba desarticular una estructura presuntamente dedicada al envío de cocaína hacia Estados Unidos.
La investigación contó con la participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional. Según la información conocida, los investigadores utilizaron técnicas especiales para identificar a los integrantes de la organización, establecer sus funciones y recopilar pruebas sobre sus presuntas actividades ilícitas.
La estrategia que permitió identificar a los sospechosos
Uno de los elementos clave de la operación fueron las entregas controladas de dinero y sustancias estupefacientes. De acuerdo con las autoridades, durante la investigación se realizaron movimientos por un valor aproximado de 676.838 dólares y se documentó la recepción de 87 paquetes de clorhidrato de cocaína suministrados por integrantes de la presunta organización.
Este procedimiento permitió a los investigadores hacer seguimiento a las operaciones, identificar contactos y obtener información sobre el funcionamiento de la estructura criminal.
Las entregas controladas son técnicas especiales de investigación que permiten vigilar determinadas operaciones ilícitas para identificar a sus responsables y fortalecer las pruebas dentro de un proceso judicial.
¿Quiénes son los siete capturados?
Las autoridades identificaron a los detenidos como Guillermo Carpio Cárdenas, conocido con los alias de Guillo o Gallo; Nizar Hachem Sawan; Andrés Mauricio Guarnizo Vaca; Danilo Andrés Hernández Junco; Jhon Jairo Torres Peláez; Juan Daniel Arenas Uribe, y Alex Alberto Castillo Gómez.
Los siete son requeridos por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por presuntos delitos relacionados con concierto para delinquir, lavado de activos y tráfico de drogas ilícitas.
Los procedimientos se llevaron a cabo en Bogotá, Barranquilla, Cajicá, en Cundinamarca, y Maicao, en La Guajira. Según la información oficial, la organización habría participado en el envío de estupefacientes hacia territorio estadounidense.
Las autoridades también investigan el movimiento de dinero ilícito
Además del tráfico de drogas, los investigadores examinan los mecanismos financieros que presuntamente habría utilizado la red para movilizar y ocultar recursos de origen ilegal.
Entre las modalidades bajo investigación figuran las transferencias a terceros, los depósitos fraccionados y el uso de dispositivos de autenticación conocidos como tokens. Estas herramientas habrían servido para realizar operaciones financieras y dificultar el rastreo del dinero.
La investigación busca establecer las rutas utilizadas para el envío de los estupefacientes, las fuentes de financiación de la estructura y sus posibles conexiones internacionales.
Un octavo detenido en una investigación relacionada
En medio de los operativos también fue capturado en Barranquilla el empresario Nassim Orfale Vásquez, requerido por la justicia estadounidense en un caso distinto, relacionado presuntamente con el lavado de activos mediante criptomonedas.
Según la Fiscalía, su investigación está vinculada con una solicitud de extradición de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Por tanto, su caso se diferencia del de los siete detenidos solicitados por una corte de Puerto Rico.
Las autoridades colombianas y estadounidenses continúan los procedimientos judiciales correspondientes. Las capturas se realizaron con fines de extradición, por lo que los señalados deberán afrontar las etapas legales previstas antes de que se adopte una decisión definitiva sobre su entrega a Estados Unidos.




