La arquitectura fiscal del rescate

La urgencia fiscal puede justificar decisiones difíciles, pero no cambia la naturaleza de las medidas ni elimina la obligación de explicar quién terminará pagando la cuenta. El proyecto de Ley de Rescate Económico, presentado como respuesta a una amenaza de crisis financiera, contiene una reorganización tributaria que merece examinarse por sus efectos y por la distribución de sus cargas.

 

El Gobierno sostiene que el país enfrenta un riesgo fiscal para 2027 y que buena parte del ajuste provendrá de reducir el gasto estatal. Anuncia recortes en contratos, disminución de nóminas y venta de activos. Esas medidas deben detallarse: cuánto se ahorrará, en qué entidades, sobre cuáles programas y con qué consecuencias para los servicios públicos. La austeridad no puede quedarse en una cifra general ni convertirse en una promesa difícil de verificar.

 

El componente tributario tiene efectos concretos sobre los hogares. La propuesta amplía la base del impuesto de renta al reducir el umbral de ingresos y modifica el tratamiento de las exenciones laborales. También plantea llevar gradualmente ciertos bienes y servicios gravados al 5 por ciento hacia una tarifa del 19 por ciento. Entre ellos aparecen productos agrícolas, tecnología y actividades culturales. Aunque el Gobierno propone devolver el IVA a hogares de menores ingresos mediante EfectIVA, cobrar primero para devolver después plantea una pregunta elemental: ¿por qué construir un circuito tributario que exige recaudo, identificación, trámites y devolución, en lugar de evitar desde el comienzo el cobro a quienes tienen menor capacidad económica?

 

La dificultad no es menor. Algunas familias en situación de vulnerabilidad económica carecen de acceso bancario o enfrentan barreras digitales. Si la devolución depende de esos canales, el alivio anunciado puede no llegar a todos. El Estado terminaría recaudando con certeza y devolviendo con incertidumbre. La política social no debería depender de que una persona tenga cuenta bancaria, factura electrónica o capacidad para superar procedimientos administrativos.

 

La distribución del esfuerzo también merece examen. Mientras se amplían cargas sobre el consumo y se reduce el umbral para el impuesto de renta de las personas naturales, el proyecto propone disminuir gradualmente la tarifa del impuesto de renta empresarial y elevar el umbral del impuesto al patrimonio, restringiendo su alcance. La discusión no consiste en negar la importancia de la inversión ni en desconocer que las grandes fortunas siguen sujetas a tributación, sino en establecer por qué los alivios al capital deben acompañarse de mayores obligaciones para trabajadores y consumidores.

 

Este patrón no pertenece exclusivamente a un gobierno. Distintas administraciones han recurrido a gravar el consumo y ampliar la base de contribuyentes cuando necesitan recursos, mientras ofrecen beneficios tributarios con la expectativa de estimular la economía. La pregunta recurrente sigue siendo quién asume el costo inmediato y quién recibe el beneficio esperado.

 

Si existe riesgo de incumplimiento fiscal, el Gobierno debe publicar las obligaciones, vencimientos y necesidades de financiación que sustentan la emergencia. También debe demostrar el rendimiento neto de la reforma y el costo real de sus devoluciones.

 

La estabilidad fiscal exige responsabilidad, pero también transparencia y equidad. La arquitectura del rescate debe mostrar con claridad quién aporta, quién recibe alivios y cómo se protege a los sectores con menor capacidad de respuesta. El ajuste no puede descansar, una vez más, sobre quienes tienen menos margen para absorberlo.