JEP imputa a 'Timochenko' y Pastor Alape por crímenes de guerra y lesa humanidad

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 11 antiguos comandantes de los extintos bloques Magdalena Medio y Caribe de las Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en el norte y nororiente del país.

Entre los comparecientes señalados como máximos responsables se encuentran Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ o ‘Timoleón Jiménez’, y Pastor Lisandro Alape Lascarro, conocido como ‘Pastor Alape’, quienes hicieron parte del último Secretariado de esa antigua guerrilla.

La decisión se adoptó en el marco del Caso 10, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por las antiguas Farc-EP y que no fueron incluidos en otros macrocasos de la jurisdicción transicional.

¿De qué delitos acusa la JEP a ‘Timochenko’ y Pastor Alape?

La investigación, bajo la correlatoría de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, determinó que los 11 comparecientes son máximos responsables de crímenes de guerra, entre ellos homicidio, desplazamiento forzado, ataques intencionales contra la población civil y bienes protegidos, tortura, violación y otras formas de violencia sexual.

Asimismo, deberán responder por crímenes de lesa humanidad como asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos.

La JEP destacó que la gravedad de estas conductas impide que reciban perdón judicial, debido a su carácter de crímenes no amnistiables.

JEP busca saldar una deuda histórica con las víctimas

La imputación representa un avance en el esclarecimiento de hechos que durante décadas permanecieron en la impunidad. Según las cifras presentadas por la jurisdicción, más del 95 % de los procesos por estos crímenes en la justicia ordinaria nunca llegaron a juicio, mientras que más del 72 % permanecían en etapa de indagación preliminar.

La situación era especialmente crítica en las regiones del Caribe y el Magdalena Medio, donde los casos de desplazamiento forzado y desaparición forzada registraron niveles de impunidad del 100 %.

Con esta decisión, la JEP busca dar respuesta a las acreditaciones y los relatos de 733 víctimas, entre ellas campesinos, docentes, líderes sociales, comunidades religiosas, autoridades indígenas y afrodescendientes e integrantes de la fuerza pública.

La jurisdicción destacó que el proceso representa un reconocimiento a la lucha de las víctimas por conocer la verdad y una oportunidad para saldar una deuda histórica de la justicia con el país.

Los dos patrones de violencia identificados por la JEP

La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que los crímenes cometidos por los antiguos bloques Magdalena Medio y Caribe no fueron hechos aislados. Por el contrario, respondieron a dos patrones sistemáticos de violencia: el ejercicio del control social y territorial, y las acciones perpetradas durante el desarrollo de las hostilidades.

1. Violencia para imponer control social y territorial

El primer patrón estuvo relacionado con la imposición de un régimen de coerción en territorios con escasa presencia estatal. A través de señalamientos contra personas consideradas colaboradoras del enemigo, castigos y amenazas, las estructuras guerrilleras buscaban imponer sus propias normas de convivencia y consolidar un vacío de poder.

Entre las comunidades perseguidas estuvieron grupos religiosos, docentes y organizaciones campesinas como las Juntas de Acción Comunal, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC).

Uno de los hechos más graves documentados fue la masacre ocurrida en 2004 en la finca La Duquesa, en Tibú, Norte de Santander. Allí, integrantes del Frente 33 asesinaron a 34 campesinos, entre ellos dos menores de 15 y 17 años.

La investigación también estableció que la violencia sexual fue utilizada deliberadamente como mecanismo de castigo, disciplina e intimidación contra la población civil.

2. Ataques contra la población civil durante las hostilidades

El segundo patrón corresponde a los crímenes cometidos durante las confrontaciones armadas. Según la JEP, las antiguas estructuras guerrilleras utilizaron armas y métodos de guerra de efectos indiscriminados en tomas urbanas e incursiones militares.

Uno de los episodios más impactantes fue la toma del municipio de Chalán, Sucre, en 1996. Durante esa acción, integrantes del Frente 35 detonaron un burro bomba cargado con aproximadamente 50 kilogramos de explosivos. El ataque destruyó parte del casco urbano, causó la muerte de 11 policías y provocó el desplazamiento masivo de habitantes, hasta dejar prácticamente abandonada la población, que posteriormente fue conocida como ‘el pueblo candado’.

La JEP también documentó atentados urbanos, como la detonación de un carro bomba frente a las instalaciones de Caracol Radio, en Bogotá, en 2010, y el ataque de 2002 en Barranquilla contra la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, mediante un vehículo de helados cargado con explosivos.

A estos hechos se suman los sabotajes sistemáticos contra la infraestructura energética y petrolera, que ocasionaron graves afectaciones ambientales en fuentes hídricas como el río Catatumbo.

¿Qué sigue en el proceso contra los antiguos comandantes de las Farc?

Con esta imputación, la JEP avanza en la determinación de responsabilidades por crímenes que afectaron a miles de personas y comunidades en distintas regiones del país.

El proceso busca esclarecer la responsabilidad de los antiguos mandos en los patrones de violencia identificados, garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y avanzar en las medidas correspondientes dentro del modelo de justicia transicional restaurativa.

La decisión constituye un nuevo paso en el esclarecimiento de los crímenes cometidos por las antiguas Farc-EP y en la búsqueda de justicia para las comunidades que sufrieron décadas de violencia en el Caribe, el Magdalena Medio y el nororiente colombiano.