JEP imputa a diez exjefes de las FARC por crímenes contra indígenas
La JEP imputó a diez antiguos jefes de las FARC por presuntos crímenes contra cinco pueblos indígenas, incluidos asesinatos y desplazamientos forzados.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a diez antiguos integrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra cinco pueblos indígenas del país.
La decisión, conocida el 13 de octubre de 2026, se relaciona con hechos ocurridos entre 1996 y 2016 en territorios de la Amazonía y la Orinoquía colombianas. Según la información divulgada sobre el caso, las comunidades afectadas pertenecen a los pueblos Nükak, Korebajü, Siona, Hitnü y Jiw.
Entre las conductas investigadas se encuentran asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos y utilización de minas antipersonal en territorios indígenas. La investigación también documentó afectaciones ambientales que comprometieron los recursos naturales y las formas de vida tradicionales de estas comunidades.
La justicia transicional busca esclarecer los daños a las comunidades
La imputación incluye a tres antiguos integrantes del Secretariado de las FARC y a otros siete excomandantes. La JEP busca establecer las responsabilidades individuales y colectivas relacionadas con los hechos documentados durante el conflicto armado.
Uno de los aspectos centrales del proceso es el impacto que la violencia tuvo sobre la identidad cultural, la espiritualidad y la transmisión de conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas. Las afectaciones, por tanto, no se limitan a las víctimas individuales, sino que también alcanzan la organización social y la continuidad cultural de las comunidades.
Tras la imputación, los comparecientes deberán responder ante la jurisdicción y podrán reconocer responsabilidad y aportar verdad. El procedimiento contempla la posibilidad de sanciones propias del sistema de justicia transicional, conforme a las condiciones legales aplicables.
La decisión representa un nuevo avance en el esclarecimiento judicial de hechos del conflicto armado colombiano. El proceso deberá continuar con las actuaciones correspondientes, garantizando los derechos de las víctimas y de las personas señaladas.
