JEP condena a cinco exmilitares por falsos positivos en Antioquia
La JEP emitió una nueva sentencia contra cinco exmilitares por 35 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Antioquia.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció una nueva sentencia contra cinco exintegrantes del Ejército Nacional, declarados responsables de participar en graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado colombiano. La decisión está relacionada con 18 hechos criminales ocurridos en el municipio de Dabeiba y otras localidades del noroccidente de Antioquia, que dejaron un saldo de 35 víctimas, entre ellas campesinos y menores de edad.
De acuerdo con la información presentada por la JEP, los hechos investigados ocurrieron entre 1997 y 2007 y corresponden a asesinatos y desapariciones forzadas de civiles que posteriormente fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate, prácticas conocidas en Colombia como falsos positivos.
Los cinco exmilitares sancionados son el coronel Edie Pinzón Turcios, el mayor Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, el mayor Efraín Enrique Prada Correa, el sargento primero Jaime Coral Trujillo y el sargento segundo William Andrés Capera Vargas. Las sanciones impuestas oscilan entre cinco y seis años y medio, aproximadamente, e incluyen restricciones de derechos y libertades.
Medidas restaurativas para las víctimas
La sentencia establece que los comparecientes deberán participar en proyectos destinados a reparar los daños ocasionados a las víctimas y sus familias. Entre las actividades contempladas se encuentran la búsqueda de personas desaparecidas, la recuperación de la memoria histórica, la dignificación de las víctimas y el desarrollo de iniciativas de infraestructura rural y proyectos productivos.
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación tiene que ver con la recuperación de cuerpos en el cementerio Las Mercedes, ubicado en Dabeiba. Según la información de la JEP, los aportes de verdad de los comparecientes permitieron recuperar los restos de 77 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 18 ya fueron identificadas y entregadas a sus familiares.
La decisión representa un avance en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto armado y en el reconocimiento del sufrimiento de las familias que durante años buscaron respuestas sobre sus seres queridos.
Con este fallo, la justicia transicional busca no solamente establecer responsabilidades, sino también contribuir a la reparación de las comunidades afectadas y garantizar que estos hechos no vuelvan a repetirse en Colombia.
Fuente: EL ESPECTADOR
