Iván Cepeda pidió mantener en la Fiscalía investigación contra Álvaro Uribe
Corte Constitucional se declaró inhibida para resolver el conflicto de competencias sobre la investigación contra Álvaro Uribe Vélez. El expediente continuará

BOGOTÁ, 9 DE NOVIEMBRE DE 2026. Una nueva decisión de la Corte Constitucional volvió a poner en el centro de la discusión judicial y política del país al senador Iván Cepeda y al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El alto tribunal decidió no pronunciarse de fondo sobre el conflicto de competencias que enfrentaba a la Fiscalía General de la Nación con la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el manejo de un expediente relacionado con presuntos vínculos del exmandatario con estructuras paramilitares.
La controversia judicial se produjo después de que la Comisión de Investigación y Acusación solicitara asumir el conocimiento de las actuaciones contra Uribe. Ante esta situación, el senador Iván Cepeda presentó una solicitud para que el expediente permaneciera en la Fiscalía, argumentando que los hechos investigados corresponden principalmente a su periodo como gobernador de Antioquia y no a su etapa como presidente de Colombia.
La Sala Plena de la Corte Constitucional adoptó la decisión el lunes 9 de noviembre, con una votación de siete magistrados contra dos. La corporación se declaró inhibida al considerar que no estaban configurados los presupuestos necesarios para resolver de fondo el conflicto de competencias.
¿Por qué intervino Iván Cepeda?
El congresista Iván Cepeda, quien participa como actor popular en las actuaciones relacionadas con este expediente, manifestó su posición mediante una comunicación dirigida a la Corte Constitucional.
En su solicitud defendió que las investigaciones continuaran bajo responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, al considerar que esta institución debía seguir adelantando las actuaciones correspondientes y garantizar los derechos de las víctimas.
La intervención del senador se produjo en medio de un debate jurídico sobre el fuero presidencial y la autoridad competente para investigar hechos que habrían ocurrido durante diferentes periodos de la trayectoria política de Álvaro Uribe.
Los hechos que están bajo investigación
El expediente está relacionado con las masacres de La Granja, ocurrida en 1996, y El Aro, perpetrada en 1997, en el municipio de Ituango, Antioquia. También comprende investigaciones relacionadas con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en 1998.
Estos acontecimientos forman parte de uno de los capítulos más dolorosos de la historia del conflicto armado colombiano.
Las autoridades judiciales deben establecer las circunstancias de los hechos y las posibles responsabilidades individuales. Los señalamientos e hipótesis de investigación no constituyen por sí mismos una declaración de culpabilidad.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
Con la decisión de la Corte Constitucional, el expediente continuará en la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que seguirá adelantando las actuaciones correspondientes.
Es importante aclarar que la Corte no declaró culpable ni inocente a Álvaro Uribe, tampoco resolvió de fondo cuál de las dos instituciones debía tener la competencia definitiva. Su decisión fue inhibirse de estudiar el conflicto planteado.
El caso continuará generando atención nacional debido a sus implicaciones judiciales, políticas y relacionadas con los derechos de las víctimas del conflicto armado.
La decisión también reabre el debate sobre la independencia de las instituciones, el alcance del fuero presidencial y la necesidad de que las investigaciones judiciales avancen con garantías para todas las partes.
La justicia tendrá la responsabilidad de esclarecer los hechos y determinar, con base en las pruebas y el debido proceso, las responsabilidades que correspondan.
Fuente: Caracol Radio, La Silla Vacía, El Espectador e Infobae.




