Incautan más de 4,3 millones de cigarrillos ilegales en el Valle del Cauca durante 2026
Entre enero y septiembre de 2026, las autoridades aprehendieron 216.448 cajetillas de cigarrillos, con un valor comercial superior a $1.167 millones de pesos

El contrabando de cigarrillos continúa siendo uno de los desafíos para el comercio legal y las finanzas públicas del Valle del Cauca. De acuerdo con el más reciente balance del Grupo Operativo Anticontrabando (GOA) de la Gobernación del Valle del Cauca, entre enero y septiembre de 2026 fueron aprehendidos 4.328.755 cigarrillos ilegales, equivalentes a 216.448 cajetillas, cuyo valor comercial asciende a $1.167,5 millones de pesos.
Durante este periodo, las autoridades realizaron 119 actas de aprehensión relacionadas con cigarrillos, una cifra que evidencia la actividad de control adelantada en el departamento.
Los resultados registrados en los primeros nueve meses de 2026 ya superan los reportados durante toda la vigencia de 2025. Mientras que el año anterior se incautaron 180.354 cajetillas, valoradas comercialmente en $540,9 millones de pesos, entre enero y septiembre de este año las aprehensiones aumentaron aproximadamente un 20 % en cantidad de cajetillas y un 116 % en valor comercial. Asimismo, las actas de aprehensión pasaron de 72 en 2025 a 119 en lo corrido de 2026, lo que representa un incremento cercano al 65 %.
Cali, Tuluá y Buga, entre los municipios con mayores incautaciones
Según el reporte del GOA, Cali encabeza la lista de ciudades con mayor cantidad de cigarrillos ilegales aprehendidos, con 1.394.925 unidades, equivalentes a cerca del 32 % del total departamental.
Le siguen Tuluá, con 612.780 cigarrillos; Buga, con 502.660; Cartago, con 320.450; y Palmira, con 218.400. Estas cinco ciudades concentran aproximadamente el 70 % de las unidades incautadas en el Valle del Cauca durante el periodo analizado.
Uno de los casos destacados por las autoridades se presentó en Buga, donde, mediante labores conjuntas entre la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y el GOA, se identificaron productos sospechosos almacenados en un establecimiento comercial. El procedimiento permitió la aprehensión de 66.580 cigarrillos de contrabando, equivalentes a 3.329 cajetillas, con un valor comercial reportado de $10.937.720.
El contrabando también afecta al comercio formal y la seguridad regional
Más allá de las incautaciones, las autoridades han identificado modalidades delictivas asociadas a la comercialización de cigarrillos de contrabando. Según el reporte del GOA, en municipios como Ulloa, Alcalá, Ansermanuevo, Cartago, El Cairo y Tuluá se han registrado situaciones en las que propietarios y administradores de establecimientos comerciales son presionados por grupos delincuenciales para permitir la venta de estos productos.
Entre las modalidades identificadas se encuentran el cobro de cuotas para autorizar la comercialización de cigarrillos ilegales, las amenazas a comerciantes y empleados, las presiones para adquirir mercancía de contrabando y el control de rutas y puntos de distribución.
Estas prácticas representan un riesgo para la seguridad de los comerciantes y afectan la competencia legal, al tiempo que comprometen los recursos tributarios que el departamento destina a sectores como la salud y la educación.
Valle del Cauca, un territorio estratégico frente al contrabando
La ubicación geográfica del Valle del Cauca y su conexión con el puerto de Buenaventura convierten al departamento en un punto estratégico para el movimiento de mercancías en el país. Sin embargo, estas mismas condiciones también plantean desafíos en materia de vigilancia, control y trazabilidad de productos que pueden ingresar o circular por canales ilegales.
En este contexto, los resultados operativos de 2026 ponen de manifiesto la importancia de mantener los controles sobre la comercialización y distribución de cigarrillos ilegales, así como de fortalecer el trabajo articulado entre las autoridades y los diferentes actores involucrados en la protección del comercio formal.
El contrabando de cigarrillos representa una afectación económica para los comerciantes que cumplen con sus obligaciones legales, y también genera riesgos para la seguridad de las comunidades y para el recaudo de impuestos que contribuyen al desarrollo del departamento.
Fuente: LLYC GLOBAL




