GOLPE AL MERCADO ILÍCITO EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO
Según el reporte oficial, el operativo representó una afectación estimada
superior a los $14.620 millones de pesos para las finanzas de la estructura señalada.
Por Liceth Alejandra Ortega MurilloRedacción EXTRA
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Imagen de portada · Grupo Editorial Central
Un golpe a las economías ilícitas que financian a los grupos armados ilegales se registró en
zona rural del municipio de El Tambo, Cauca, donde tropas del Ejército Nacional
desmantelaron un complejo destinado a la producción de cocaína.
La operación se desarrolló en el corregimiento de Quilcacé, mediante una acción militar
liderada por tropas de la Brigada 27 de la Sexta División, en coordinación con la Policía
Nacional. De acuerdo con el reporte oficial, el procedimiento permitió incautar y destruir
más de una tonelada de clorhidrato de cocaína, cuyo valor estimado superaría los 14.620
millones de pesos.
En medio de la intervención fueron capturados Carlos Andrés Villegas y Juan José
Mosquera, quienes quedaron vinculados al procedimiento judicial. Su presunta
participación en las actividades ilícitas deberá ser establecida por las autoridades
competentes, conforme avance el proceso investigativo.
Además del estupefaciente, las unidades destruyeron 1.508 galones de cocaína en
suspensión e insumos químicos utilizados en el procesamiento de la sustancia. Estos
elementos, según el balance institucional, hacían parte de la infraestructura empleada para
desarrollar la producción ilícita.
Las autoridades señalaron que la intervención representa una afectación económica superior
a los 14.620 millones de pesos para las finanzas de la Segunda Marquetalia, estructura a la
que se atribuye el complejo, relacionado en el reporte con el Comando de Carlos Patiño.
La destrucción de instalaciones, sustancias procesadas e insumos busca limitar la capacidad
de producción y financiación de esta organización armada en el departamento del Cauca.
El procedimiento se suma a las acciones de la Fuerza Pública contra las economías ilegales
en el suroccidente colombiano. La situación jurídica de los capturados y las eventuales
responsabilidades penales deberán definirse dentro de las actuaciones correspondientes, con
respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia.
